La Asamblea Nacional para el período 2019-2021 tiene nuevas autoridades electas el 14 de mayo con prioridades, como se ha coincidido, en torno a las políticas de estabilidad económica, salud, gobernabilidad, inclusión, seguridad social y ciudadana. En estos ámbitos, los intereses de las mujeres deben plantearse en los diálogos con actores en lo referente al fortalecimiento de la democracia.
Sobre este tema, se concentran posibles reformas sobre el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas para su promoción en tiempos de elecciones.
Si bien este es un tema polémico, se debe profundizar en las limitaciones de las candidatas en procesos de selección al interior de partidos y movimientos; porque luego de estar inscritas, los recursos no son suficientes para amplificar las propuestas en su jurisdicción y garantizar un voto informado.
La Función Legislativa, para analizar la pertinencia de las modificaciones en la normativa, debe partir de las inequidades y de lo que impide tener una igualdad real con perspectiva de género en dos factores: el primero, analizar el contexto donde las mujeres no son quienes tienen las mayores opciones para liderar las listas ni para la representación como máximas autoridades en la estructura directiva de las organizaciones políticas; y, el segundo, las relaciones de poder dentro de la disciplina partidaria.
En cambio, si se concreta la eliminación de la promoción electoral, dejaríamos injustamente a un lado acciones afirmativas, y no se considerarían desigualdades históricas que mantienen brechas e influyen de manera negativa en su empoderamiento económico para tener campañas sostenibles.
Las lógicas de las reformas electorales no pueden estar en función de un sistema partidario hegemónico ni patriarcal; por eso la Asamblea Nacional debe demostrar que aun con tres hombres en el máximo poder tras su reciente recomposición política, puede legislar bajo el dilema planteado por la filósofa política Nancy Fraser entre el reconocimiento y la redistribución. (O)
