Ecuador es, desde finales de los años noventa del siglo veinte, un país de alta movilidad humana internacional. No solo que miles de ecuatorianos han emigrado especialmente a Estados Unidos, España, Italia y otros países, sino que además hemos recibido numerosos inmigrantes de Colombia, Perú, Cuba, Haití y ahora Venezuela. En otras palabras, somos tanto un país de importante salida como de recepción de migrantes.

Cuando estas migraciones se vuelven masivas y prácticamente forzadas, como es el caso del actual éxodo de venezolanos, los desafíos para el Estado y la sociedad son también mayores.

Por un lado el Estado debe desarrollar una política pública que responda a la alta complejidad de la migración: desde medidas humanitarias hasta adaptaciones legales y reglamentarias, desde atención sanitaria hasta protección de derechos fundamentales, incluyendo campañas de información y concientización.

La sociedad, en cambio, debe informarse y tratar de comprender adecuadamente la situación, sin caer en estigmatizaciones, fobias o chauvinismos contra los inmigrantes, actitudes que empeoran lo que ya es una situación muy difícil. Lo que cabe es una actitud humanitaria, solidaria.

La movilidad es un fenómeno demográfico permanente. El problema no es la inmigración sino el no saber manejarla. Sin una política migratoria adecuada pulula el tráfico de migrantes, la trata, la prostitución, la explotación laboral, y la xenofobia.

La xenofobia, el rechazo a los extranjeros, como cualquier tipo de discriminación, es una fuente de exclusión y violencia irracional. Es un rechazo injusto basado en prejuicios y generalizaciones absurdas.

Lo que es más grave: la xenofobia es un grave ataque al Estado de derecho, no solo afecta a los inmigrantes sino también a la sociedad en la que se desarrolla, mediante un extremo deterioro de la igualdad, los derechos y el debido proceso. La lucha contra la xenofobia es parte de la lucha por el Estado constitucional. (O)