El 4 de diciembre de 2003, mediante el Registro Oficial N° 225, los gobiernos ecuatoriano y cubano firmaron el Convenio de Reconocimiento de Títulos Profesionales con Cuba, mediante el cual se comprometieron a reconocer los programas y planes de estudios, grados académicos y títulos profesionales conferidos por las universidades y/o escuelas politécnicas que cuenten con reconocimiento oficial en cada uno de los Estados.
El acuerdo incluye el intercambio del listado de las universidades y escuelas politécnicas de cada país, el registro del título en el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), actualmente Senescyt, y en el Ministerio de Educación Superior (MES) en Cuba. Luego del registro, se concedía una autorización escrita para que puedan ejercer su profesión y puedan registrarse en los colegios profesionales.
En esa perspectiva, un buen número de profesionales cubanos residentes en el país, otros naturalizados e incluso ecuatorianos que realizaron sus estudios en las universidades de Cuba, especialmente abogados, luego de ejercer la profesión en algunos casos por más de 10 años, recibieron la notificación del Consejo de la Judicatura mediante Resolución CJ-DG-2015-188, por la cual se revocó su credencial profesional y el impedimento de registrarse en el Foro de Abogados con el argumento de que no se intercambió el listado de las universidades.
Han transcurrido cerca de 4 años desde que las autoridades de la Judicatura, Colegio y Foro de Abogados han impedido que los profesionales puedan ejercer su derecho al trabajo sin discriminación, al punto que el caso ha llegado a instancias judiciales, donde las meras formalidades han primado sobre los derechos constitucionales.
Existe la constancia por parte de la embajada de Cuba que se regularizó la entrega de listados desde febrero de 2017, lo cual debió ser utilizado por las autoridades para revocar la Resolución de la Judicatura y en aplicación del principio pro homine permitir a los profesionales ejercer su profesión y rehacer sus proyectos de vida. La causa sigue en espera de que se haga justicia en los tribunales. (O)
