En varios países de América Latina los medios de comunicación privados han sido cuestionados y hasta confrontados por los gobiernos. Ecuador, Bolivia y Venezuela parecen estar a la cabeza de esas confrontaciones. Y son los propios medios quienes a diario publicitan la idea de que el problema está entre la libertad de expresión que ellos defienden y los gobernantes que son incapaces de respetarla.
Sin embargo, es creciente la demanda por la responsabilidad civil ulterior de los medios de comunicación en América Latina. Mientras Costa Rica tiene una legislación bien establecida para ello desde hace años, en Argentina la expedición de una ley similar en 2009 estuvo precedida por una campaña mediática formidable, destinada a convencer que con ella se acababa la libertad de expresión.
Exigir la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación en Ecuador también ha despertado el revuelo universal, alimentado por la sentencia contra El Universo dictada por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. En el país y en el exterior la solidaridad mediática se generalizó. No importa lo que dijo el editorialista estrella, ni lo que el periódico hizo como autor coadyuvante. Simplemente el gobernante tiene que aceptar cualquier crítica o atropello periodístico.
Pero el conflicto que ha polarizado al Presidente con los medios de comunicación vuelve a expresar, como tantas otras veces en la historia ecuatoriana, una confrontación que involucra la lucha en torno al poder.
Porque desde la perspectiva histórica, los medios de comunicación en Ecuador no han sido entes abstractos que manejan la crítica, la opinión o la información en forma inocua, sin compromisos con determinadas esferas de interés. Por lo menos desde 1979, cuando se inició la fase constitucional del país, los medios de comunicación han sido actores políticos e ideológicos. Algunos hicieron abiertos pronunciamientos electorales. Se alinearon en defensa de concretos intereses empresariales. Hoy coinciden en cuestionar un proyecto político de gobierno que no responde a lo que ellos defienden. Eso es lo que está en juego.
Y aquellos investigadores académicos, sobre quienes parecen ganar las opiniones periodísticas, debieran volver sobre el esclarecimiento de los intereses políticos y sociales que mueven a los medios de comunicación, si es que se quiere comprender, con seriedad, la lucha por el poder, que está oculta tras los supuestos de la “libertad de expresión”.
