Los representantes de las Cámaras de grandes propietarios y otros círculos económicos hegemónicos, una vez más expresan su inconformidad y critican por todos los lados al Gobierno, porque no calza con sus intereses el plan económico que ha anunciado en búsqueda de atenuar la situación fiscal deficitaria y las difíciles condiciones que afectan los procesos productivos. Jamás reconocen que los factores que lo provocaron entre 2015-16 fueron la sustancial baja del precio del petróleo y los costos del terremoto. Es el berrinche de siempre. La oligarquía quiere todo para sí. Es insaciable su afán de lucro, le importa un rábano el trabajador y la gente pobre, solo su prosperidad, apenas acepta la caridad como política social.
Por cierto que ocultan los logros de la Revolución Ciudadana hasta 2014, reconocidos por la Cepal y hasta por los organismos económicos internacionales que regentan el poder imperial, como el FMI y Banco Mundial, los que estiman que el PIB de América Latina y el Caribe decreció en 2016 en 1,3%; esto es el doble de la tasa de Ecuador.
También han señalado que la medida regional de endeudamiento, en relación al PIB, es de 58,7% muy superior a la de Ecuador, que según diversas fuentes oficiales y opositoras está entre el 29% y 42%. También informan que 28 de 32 países tienen saldos fiscales negativos y admiten que las variables externas (precio de materias primas, condiciones crediticias, inversiones, etc.) para nuestros países tienen tendencias negativas. Nada de esto reconocen; para ellos, todo ha sido malo y quieren volver a lo de antes. Por supuesto que apoyan en lo político toda gestión del Gobierno si consideran que les conviene.
Aspiraban a desmantelar los impuestos, como antes ya lo hicieron cuando eliminaron el de la renta, que es universal y, como ahora se lo ha confirmado, debe ser proporcional a sus montos; por ello es correcto el ajuste aprobado y la incorporación de ciertos segmentos de ingresos para el cálculo de su pago. Todos tienen que contribuir, con mayor razón los poderosos grupos económicos y corporaciones (cadenas de supermercados, bancos, grandes industrias y exportadores) a los que, en cambio, estos quejosos exigen beneficiarlos con diversas medidas.
Nunca les calzan las políticas de reducir el gasto público para equilibrar las finanzas del Estado. Siendo su línea el desmantelamiento de este, a tono con las políticas neoliberales tradicionales de capitalismo salvaje; presionan por despedir masivamente empleados públicos, liquidar subsidios y programas sociales, reducir salarios y ajustar tarifas; eso sí, las que no los afecten, porque como siempre, vociferan que los costos de producción se elevan y eso afecta los precios, que encarece la vida de la población, a la que hipócritamente dicen ‘defender’.
En el plan no hubo paquetazo antipopular ni se favoreció a los grandes empresarios, eliminando el Impuesto a la Salida de Divisas, lo que hubiera afectado la dolarización y se busca renegociar los créditos y atraer la inversión que genere empleo, incorpore tecnología, diversifique las exportaciones; también se busca alentar la agroindustria, la industria diversa y el turismo, aprovechar la enorme infraestructura construida. Tampoco hubo flexibilización en la contratación laboral, como pretendían. Se espera que todo lo económico se lo haga con coherencia y oportunidad debidas, en función de los intereses nacionales, la producción local y en consecuencia con los objetivos redistributivos de equidad y justicia, que se alientan desde los inicios de la RC.
Por ello, como se ha propuesto el Gobierno, es fundamental alentar la Revolución Agraria, la Minga Nacional Agropecuaria es un buen inicio; así como el plan Toda una Vida con su programa estrella Casa para Todos. En ese marco pasará desapercibido eliminar la Ley de Plusvalía, que provocó ciertas afectaciones en el sector de la construcción, más allá del berrinche oligárquico hipócrita de poderosos especuladores. (O)
