La pandemia no ha terminado y las ciudades ya se mueven con la misma normalidad, la necesidad de producir y dinamizar la economía nos ha llevado a reactivarnos y en algunos casos a reinventarnos.

Este año de pandemia y crisis en donde se han profundizado las desigualdades, también ha develado debilidades y potencialidades de los territorios, sus autoridades, su capacidad de gestión, sus limitados ingresos propios y la urgencia de dotarlos de mejores estructuras.

Así, los ciudadanos hemos puesto sobre la mesa la importancia de fortalecer los municipios del país y ampliar sus competencias, pensar por ejemplo en un sistema descentralizado de salud que permita un acceso universal y abordaje local de los programas de prevención, promoción y atención.

Revisar la forma de asignación de recursos por parte del Gobierno central que no signifique dependencia, pues los más perjudicados son precisamente los cantones más pequeños que se han visto en apuros financieros; pero también los municipios grandes como el Distrito Metropolitano de Quito que ha tenido problemas de flujo de caja, con un déficit presupuestario superior al 40% y la recaudación tributaria más baja de su historia, con lo cual se pedía ajustar el gasto y recortar áreas sensibles.

Estos hechos nos hacen repensar el rol de los gobiernos locales, sus límites, sus alcances y todo aquello que les permite gestionar la ley; pero además nos convoca a revisar la ausencia de políticas públicas, de proyectos de ciudad, la formación de su talento humano, la calidad de autoridades y la poca consolidación de su autonomía financiera.

Temas como seguridad, educación, inclusión deben colocarse en el debate sobre descentralización y competencias, pues más allá de lo nacional es menester contar con el territorio; por tanto, es indispensable volver a él para combatir la desigualdad, permitir accesos, reducir las brechas y avanzar hacia el desarrollo sostenible.