En Ecuador son numerosos los que se han hecho merecedores a tan deshonroso calificativo. Y es que la traición a la patria no solamente se da en tiempos de guerra; también ocurre en tiempos de paz. Hacia finales de 1894 se produjo uno de los hechos más lamentables de nuestra historia, conocido como la Venta de la Bandera. En aquel año, Japón se encontraba en guerra con China. Chile había declarado su neutralidad; por tanto -de acuerdo a normas del derecho internacional- no podía proveer de armas ni barcos de guerra a ninguno de los contendientes.
Así las cosas, Japón, Chile y (¡cuándo no!) un banco estadounidense decidieron que Ecuador podía ser un buen intermediario, a cambio -claro está- de una buena ‘comisión’ para los que ayudaran en la triangulación. Para tal efecto, fue contactado José María Plácido Caamaño, expresidente de la República y todopoderoso gobernador del Guayas en aquella época, quien a su vez se comunicó con el cónsul ecuatoriano en Valparaíso, Luis Noguera. Chile vendió el crucero de guerra Esmeralda a Ecuador e inmediatamente fue revendido a Japón. El Esmeralda zarpó de Valparaíso con la bandera ecuatoriana y no con la bandera del nuevo dueño. Nuestra bandera cruzó todo el océano Pacífico hasta llegar a Yokohama. José María Plácido Caamaño, Luis Noguera y el banco estadounidense se habrían ‘repartido’ varios miles de libras esterlinas. El presidente Luis Cordero Crespo dijo-muy suelto de huesos- que no estaba enterado de la transacción. El que denunció este hecho ilícito fue Juan Murillo Miró, fundador y primer director de diario EL TELÉGRAFO, quien fijó residencia en Chile, luego de que fuera encarcelado y deportado por el gobierno de Caamaño.
La venta de la bandera, la venta de la soberanía, se reeditó en 1986, cuando se firmó el convenio con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). La mayoría de los tratados bilaterales de inversiones (TBI) fueron firmados durante el período 1992-1996. En aquellos años se suscribieron 17 documentos. Venta de la bandera, venta de la soberanía, venta de la dignidad. Con base en los convenios mencionados, el laudo final del Ciadi determina que Ecuador debe pagar 1.061 millones de dólares a la empresa Oxy. La empresa francesa Perenco ha demandado a Ecuador por $ 440 millones de dólares. Chevron-Texaco pretende endosar al Estado ecuatoriano los daños causados a los habitantes y al ecosistema de la Amazonía, en un monto de 9.500 millones de dólares.
Los vendepatria contemporáneos pusieron a funcionar el tenebroso equipo TBI-Ciadi. Los primeros obligan a los países que los firman a olvidarse de sus propias leyes y someterse a las normas y resoluciones de tribunales internacionales de arbitraje, que determina el segundo. Los Estados no pueden demandar a las transnacionales; las transnacionales sí pueden hacerlo, contando para ello con jueces de dudosa imparcialidad. Para combatir este corporativismo grosero, que forma parte del fracasado sistema neoliberal, se debe crear un sistema de arbitraje alternativo en cuyo diseño debe jugar un rol protagónico Unasur. Debe crearse un organismo que, a diferencia del Ciadi u otros tribunales que nos imponen los TBI, garantice el debido proceso a los inversionistas, en un marco de respeto a los derechos humanos de la población, las leyes y las Constituciones de cada país miembro.
Actualmente los pueblos y gobiernos soberanos no están dispuestos a permitir que la injusticia institucionalizada se transforme en otro gran negocio de las transnacionales. (O)
