No se puede obligar a los ciudadanos a vacunarse. Uno de los principios de la ética médica es respetar el principio de autonomía del paciente y, si se trata de una persona mayor de 18 años, ésta podrá decidir si recibe o no un tratamiento o una medida de prevención de enfermedad. Es, sin embargo, a todas luces, una absoluta irresponsabilidad el rehusar recibir una vacuna que no solamente reduce sustancialmente la posibilidad de enfermarse por Covid-19 sino que casi elimina la posibilidad de fallecer por la enfermedad si acaso la contrajera. Hay evidencia descomunal en la literatura médica respecto de la utilidad de las vacunas y, no solamente en la literatura médica sino en las noticias de medios de comunicación formales. En todo el planeta, los países que han estado a la vanguardia en materia de inmunización han reducido sustancialmente el contagio y han reducido la mortalidad a la mínima expresión. En Israel, en la semana del 20 de enero se registraron 433 muertes por Covid 19; en esta semana, 14, es decir, una reducción del 96,8% en la mortalidad. En Alemania en la semana del 9 de enero, 5.930 pacientes murieron con la infección; en esta semana, 262, o sea, una reducción de 95,6%. En todos los países en los que se ha vacunado a más del 50% de la población ha habido una reducción notable de la mortalidad. Es obvio que la ciencia funciona y que las teorías conspirativas, perniciosa basura de las redes sociales, solamente hacen un profundo daño. Es insólito que, incluso, en redes sociales de profesionales, se comparta estas aberrantes teorías conspirativas.
Si un paciente con cáncer rehúsa el tratamiento, tiene derecho a hacerlo y su decisión no perjudica a terceros. Si un paciente rehúsa a vacunarse, se contagia y contagia a otros puede ser que provoque la muerte de terceros. Entonces, ya no es un problema personal, es un problema social. Es un potencial generador de muerte. Frente a esto, es legítima la decisión de los Estados de limitar ciertos derechos de los que no se vacunan. No se les obliga a vacunarse, pero si quieren ir al fútbol, al cine, al centro comercial, a un restaurante, subirse a un avión, tendrán que estar vacunados.
Que es una medida coercitiva, sin duda lo es. Pero no se puede afectar los derechos de la mayoría, incluso el derecho a la vida de otras personas, por el capricho de unos pocos.
El Estado no puede obligar a un individuo a vacunarse, pero el Estado tiene la legítima obligación de defender la salud y la vida de sus ciudadanos y, si ello implica fomentar la vacunación a base de cortar ciertos derechos a los que rehúsan a vacunarse, me parece perfecto.
