La destitución ipso facto -en el acto- de la cúpula militar cuando convocó a una rueda de prensa para anunciar públicamente la decisión de desobedecer al presidente Correa, nos marca -sin duda- un antes y después en las relaciones entre el poder civil y el poder militar.
No es nada nuevo decir que los militares han sido siempre los grandes privilegiados -y lo siguen siendo- debido, sobre todo, a que se convirtieron en los dirimentes de última instancia de los conflictos políticos y en los guardianes de la democracia. Es común escuchar: “No olvides que ellos tienen las armas,” como si las fueran a usar contra el poder civil cada vez que estén en desacuerdo.
La firmeza y convicción del Presidente sorprendió a muchos, pero -al mismo tiempo- provocó un gran alivio, ya que se creía que esas decisiones no se podían tomar, pues sobre la cabeza del poder civil pendía siempre una espada que caería apenas alguien se atreva a atentar contra el poder militar. En buena hora, ya no es así. Lo que -sin duda- contribuye a consolidar la democracia.
Lo que todavía existe, lamentablemente, son los políticos que, al no poder alcanzar el favor de los ciudadanos, pretenden recurrir a los militares. Y lo que también, lamentablemente, existe son exmilitares que quieren dedicarse a la política utilizando a las instituciones militares.
Una encuesta reciente -de enero de 2016- determina que las Fuerzas Armadas son en Quito la institución con mayor credibilidad. En Guayaquil, en cambio, son la segunda, después de la Iglesia. Es decir, son altamente valoradas por la sociedad civil. Y seguro lo serán aún más si se destierran las prácticas politiqueras que -desde el levantamiento del coronel Gutiérrez- se han instalado en ciertos sectores al interior de las Fuerzas Armadas.
Ahora también es cierto que en la gestión del ministro de Defensa, Fernando Cordero, se debilitó el mando civil y nunca pudo aclarar el principal tema de preocupación de los militares, activos y pasivos: el Issfa. Más pudieron los rumores constantes de que se estaría desfinanciando y, por tanto, estarían en riesgo sus pensiones, que la gestión del ministro.
No debemos olvidar que en el gobierno de la Revolución Ciudadana -solo por citar un ejemplo- los sueldos de los militares se han incrementado en más del 500%: de la tropa pasaron de 179 a 893 dólares; de los capitanes, de 500 a 2.390 dólares; de los coroneles, de 691 a 2.970. Y el Gobierno Nacional -los ecuatorianos- aporta con el 80,59% de las pensiones que reciben los militares.
Por eso, es clave dar un salto fundamental y definitivo. El Ecuador democrático ha madurado lo suficiente como para exigir: nunca más los militares defendiendo intereses corporativos; nunca más los militares informando a embajadas; nunca más generales con pensiones millonarias y soldados con pensiones de miseria; nunca más militares añorando a Pinochet y a la Escuela de las Américas; nunca más militares conspirando en las sombras; nunca más militares funcionales a partidos políticos; nunca más militares ajenos a su comunidad; nunca más militares con ‘espíritu de cuerpo’ para estar por sobre la ley; nunca más militares deliberantes y dirimentes; nunca más militares guardianes de la democracia; y nunca más políticos sin escrúpulos tocando las puertas de los cuarteles. (O)
