En estos últimos años las carreteras del país se volvieron una apuesta permanente donde nos jugamos la vida cada vez que tomamos un bus o cualquier vehículo para ir de un sitio a otro. Al llegar a nuestros destinos sanos y salvos nos reconocemos afortunados al haber comprado el boleto ganador. Lo contrario le sucedió a las 347 muertes acaecidas en las carreteras entre enero y febrero del presente año. Ellos compraron boleto al infortunio.
Las fatales estadísticas también nos indican la mayor causa de tanta muerte en las vías: la irresponsabilidad del conductor. Hecho que nos lleva a cuestionar el lugar donde se formaron quienes condujeron a familias enteras a la fatalidad. Ante esto, las escuelas de conducción de los sindicatos de choferes deben entrar en un proceso de profunda auditoría y evaluación, si queremos disminuir las desgarradoras estadísticas que enlutan a los ecuatorianos.
Una somera mirada al casi nulo número de reprobados en estos centros, no por inasistencia, sino por no haber superado materias o aprendizajes correspondientes a la conducción, nos revela, con mayor claridad, su nivel de responsabilidad. Parecería que allí pasa todo el que tenga el dinero, aunque no posea las destrezas y conocimientos necesarios para titularse de chofer profesional.
Y es que desde la óptica de los irresponsables mercaderes de licencias, resulta difícil reprobar a quienes engrosan sus millonarios ingresos. Ese no es el negocio, se dirán.
Por ello, y ante la inquietud que genera el actual sistema de formación de choferes, el Gobierno está obligado a auditar el manejo de las escuelas de conducción, evaluar su calidad y disponer, de ser el caso y de manera firme, el traslado de esa responsabilidad a universidades o institutos tecnológicos. Lugares donde no vean la entrega de licencias de conducir como un gran negocio que, en muchos casos, ha servido para enriquecer a corruptos enquistados al frente de los sindicatos de choferes y no para formar gente responsable al frente de un volante. (O)
