Las decisiones políticas no se respaldan con argumentos científicos, sino que responden a prioridades de creencias incluso religiosas. Muchas leyes, sobre todo relativas a la sexualidad y procreación, obedecen a dichas creencias. Así las relativas al aborto.
Para evitar embarazos no deseados está la promoción de la salud que explica la vida sexual sana, de relaciones placenteras, que deben enseñarse en escuelas y colegios. Luego está la prevención médica sustentada en el uso de anticonceptivos. Pero aun así se producen embarazos y abortos, espontáneos o provocados, 50.000 anuales en el país.
El fanatismo de las creencias no permite ver, ni con las razones del corazón ni con las de la razón, que deben suspenderse ciertos embarazos, como el caso en que el producto no es viable, es decir porque las malformaciones no permitirán la vida ni del feto ni del recién nacido, o, peor aún, cuando el embarazo es fruto de una violación.
Debe respetarse a las personas que tienen objeción de conciencia por sus creencias. Del mismo modo debe respetarse a quienes no las tienen. Muchas madres acuden con amenazas de aborto espontáneo, pero hoy pueden ser denunciadas y sancionadas por la sospecha de abortos provocados. Cuando esta complicación obstétrica es inducida, se debe a que no se desea ese embarazo. La razón debe ser muy grave para la vida de la madre, y por ende la vida futura del niño. Las creencias mantenidas como pecados han perjudicado a muchas mujeres, únicas dueñas de las decisiones sobre su cuerpo.
Otra creencia tiene que ver con el derecho a la voluntad anticipada (testamento vital, diferente a la eutanasia asistida), que dispone, en casos graves de sufrimiento o inconsciencia, que el médico simplemente no actúe. Este requerimiento previo de actitud pasiva concluiría con la vida, muchas veces artificial. La ciencia debe estar disponible para creyentes y no creyentes. El poder político, religioso o social no debe imponer leyes injustas para los no creyentes, quienes reclaman justicia para sus derechos. (O)
