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El Telégrafo
José Velásquez

¿Legal o correcto?

25 de mayo de 2020 - 00:00

En mi casa no fuimos criados con la Constitución bajo el brazo sino con normas y principios. Las leyes nos dicen habitualmente qué está prohibido y qué es requerido para armonizar convivencia y funcionabilidad, pero son los valores los que marcan tu actitud frente a la vida.

Alguien dirá que es estéril debatir si la regla escrita en el papel es justa o no, o si corresponde a la decencia o incluso al sentido común. Pero a veces algo que nos parece correcto resulta ilegal y otras veces algo que es legal nos parece inaceptable. El voto obligatorio, por ejemplo, es de esos mandatos añejos que hay que cumplir nos guste o no, hasta que finalmente se cambie la ley.  

Por eso cuando los ojos apuntan a la misión diplomática de Ecuador en Naciones Unidas no se discute la parte legal tanto como el gesto ético. Puede que el nombramiento de la cónsul Irina Moreno se haya enmarcado dentro de la ley, pero hoy luce insensible con la realidad que vive el país y ajena a los sacrificios que se hacen casa adentro en medio de uno de los momentos más críticos de nuestra historia. Más allá de si la labor de los hijos, padres, suegros y cónyuges en el servicio exterior es esencial o no, parecería que el interés privado es mayor que el interés público.

Por eso creo que lo legal suele tener un enfoque más angosto que lo moral, sobre todo cuando se usa la ley como atajo para cumplir con el sistema dándole la espalda a la gente.  En el área laboral, la gratitud y la solidaridad no son obligatorias, pero son al menos necesarias para tener algo más de aliento. Pensar que la ley es faro único de toda tormenta es un principio tremendamente primario, característico de los que no cambian el mundo ni inventan soluciones.

El país está como está porque se utiliza la ley para agendas personales. Los unos deslizan artículos en proyectos legislativos para beneficiar a sectores puntuales mientras que los otros se agazapan en cualquier rincón de los procesos de contratación pública. Si realmente queremos combatir la corrupción hay que entender que el conflicto de interés, el tráfico de influencia y el nepotismo son problemas éticos más que dilemas legales de coyuntura. (O)

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