En enero de 2016 fueron detenidos Milagro Sala y otros militantes de la Túpac Amaru. Aún hoy siguen encarcelados o con prisión domiciliaria. Los expedientes se apilan al modo de una cinta y al quedar absuelta por una causa -o sin condena- se habilita la siguiente como una máquina de nunca parar. Decenas de expedientes.
Cada uno agitado por los medios, que encontraron en Milagro el caso testigo sobre el que confluirían la oligarquía judicial, los medios concentrados y un poder político surgido de las urnas, pero escasamente democrático.
Y si eso sería un rumbo para toda América Latina, también lo es en la demostración de que su sustrato es la reposición de las jerarquías sociales, que los procesos populares venían amasando. Sobre ese encarcelamiento se edificó una prueba: la del umbral de tolerancia hacia la injusticia. Nos mostraron a la presa ejemplar, la exhibieron, para disciplinarnos a todos y para probar hasta qué punto estaban vitales nuestras resistencias.
Organismos de derechos humanos ganaron una batalla internacional por su libertad y eso no fue aceptado por el poder político, mostrando que el respeto a la ley es prurito de republicanos y no de gobernantes respaldados por todas las fuerzas del conservadurismo.
No podemos pensar la violencia de género aislada de otros tipos de violencia. Porque hay un aprendizaje social de la violencia, una aceptación, una pedagogía de la insensibilidad. Que parece solo agrietada cuando se construye a quien recibe violencia como víctima pura o buena víctima. Como objeto pasivo de un ataque. La figura de una militante nunca es solo víctima.
Violencias, entonces. En plural y no aisladas. No privadas, aunque los femicidios tengan como escena fundamental el hogar. No individuales, aunque haya asesinos y golpeadores con nombre y apellido. Cada una se trama con la otra, se refuerzan, son alimentadas por una profusa red de creencias y prácticas. Toleradas. (O)
