Para marzo se anuncian varias movilizaciones exigiendo una serie de cambios al régimen. Llama la atención que tanto las derechas como algunas de las izquierdas se convocan, por coincidencia o no, en un mismo tiempo político, el de las próximas elecciones, y esto no tiene nada de criticable, si los motivos son explícitos y no se esconden en supuestas morales superiores.

Por el lado de las derechas están impulsando una campaña por la denominada libertad de expresión que se reduce a mantener ciertos privilegios comunicacionales que la mayoría de los ecuatorianos jamás podríamos imaginarnos tener a la mano. Ya circulan correos electrónicos llamando a la movilización para el 8 de marzo, que de fondo buscan más sensibilizar a las fuerzas del orden que a la sociedad civil.

Y esta sensibilización, soterrada, esconde de fondo un solo pedido y anhelo, el que las Fuerzas Armadas intervengan en defensa de su versión de democracia; una democracia tutelada, ultrarrepresentativa y marginal para la mayoría de la población, sin querer decir que actualmente hayamos alcanzado una democracia directa, participativa; es claro que aún falta mucho, sobre todo en el desarrollo de las organizaciones populares y campesinas.

Por otro lado, la Conaie y la Ecuarunari convocan, para esa misma fecha, una serie de movilizaciones que claramente son políticas y deben ser de carácter político, porque ese es el fin de las organizaciones sociales.

Ahora, la asociación de las organizaciones indígenas con partidos políticos como el MPD poco le contribuyen a clarificar su horizonte político e ideológico. Ese tipo de partidos estalinistas poco nutren al debate ideológico por una democracia radical en el país.

Sus discursos partidistas insisten en el anti-todo, en un círculo vicioso y dogmático, con el cual las organizaciones indígenas corren riesgo de alto contagio.

Nadie puede negar que el movimiento indígena siga en crisis, pero, quizás, lo peor es culpar de sus males a los regímenes de turno, esa es una salida facilista que denota las debilidades en los mecanismos de autocrítica de la dirigencia y el abandono en sectores de las organizaciones de base.

Basta recorrer la provincia de Chimborazo para constatar el alejamiento entre las dirigencias y las organizaciones de base.

Las organizaciones indígenas requieren un fuerte pragmatismo en su ideario de lucha y contener visiones culturalistas e identitarias que ya se materializaron en reivindicaciones de derechos de primera, segunda y tercera generación.

Es digno que exijan la aprobación de una Ley de Aguas, como exigir una reforma agraria profunda, pero es evidente que todavía dudan el camino a seguir y peligrosos asesoramientos no hacen más que poner en riesgo  la lucha social por el reconocimiento de las organizaciones populares.

Hay que tener mucho cuidado con asumir una agenda externa y extraña a su naturaleza política.