En nuestro país, como en muchos de la región, el prestigio de la Policía se ha visto menoscabado: acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y prácticas represivas han manchado la imagen social de la Policía. En Ecuador, tradicionalmente se han distinguido dos ámbitos principales de acción policial: el tránsito vehicular y la seguridad ciudadana.
La investigación y persecución de las formas de delincuencia son prácticas de la Policía Nacional, de cuyos resultados la percepción social mayoritaria es de inoperancia e ineficacia. Frente a delitos como robos, muchos ciudadanos prefieren no acudir a la Policía, porque dudan de su accionar. En otros campos, como el del tránsito vehicular, que en los tiempos modernos se ejecuta desde administraciones municipales, tal vez haya disminuido la práctica de la coima. Tal vez.
Desde hace unos años, se crearon unidades denominadas UPC, esto es, Unidades de Policía Comunitaria, que funcionan en cómodas instalaciones dotadas de todos los servicios básicos y la infraestructura necesaria para la vida digna de los policías. El problema es que más de una vez ha ocurrido que en las inmediaciones de la UPC se producen acciones como ingesta de bebidas alcohólicas y uso indebido del espacio público, sin consecuencias de ningún orden.
Como la irracionalidad no está ausente de la administración pública, sucede que, frente a una infracción flagrante, el policía -del tipo que fuere- se niega a actuar, ¡porque ese no es su ámbito! He sido testigo de otros hechos increíbles, como que se reprima con fuerza descomunal a vendedores ambulantes, mientras se tiembla, literalmente, frente a infractores poderosos.
Los policías temen poner en orden a grupos juveniles embriagados, expulsar a borrachos de los parques o reprimir escándalos, porque no confían en la autoridad y respeto que deberían inspirar y porque ni ellos mismos están convencidos de la altísima responsabilidad que tienen entre manos: garantizar la seguridad de la vida de los ciudadanos de a pie. (O)
