La política económica busca en un marco institucional determinado, a través de medidas, programas, resoluciones ministeriales, leyes, gestión de empresas fundamentales, organizar de mejor forma la actividad económica en general, para incrementar la producción, mejorar la productividad (producir más y mejor con los recursos económicos existentes) y mejorar las condiciones de vida, con el objetivo de lograr el crecimiento económico (aumento de la producción de bienes y servicios y expansión de la infraestructura) y el progreso social, que implica redistribución del ingreso y la riqueza, concentradas en pocos.
Lo anterior supone una acción coordinada de las distintas unidades del Gobierno (ministerios y entidades generadores de políticas y ejecutores), reformas y creación de leyes y acciones compartidas con el sector privado o su direccionamiento, a través de regulaciones, controles, medidas tributarias, restricciones o incentivos.
Por cierto que el comercio exterior y las fuentes externas de financiamiento (inversiones y créditos) son fundamentales para el país.
Esto requiere decisiones políticas firmes, apoyo popular organizado, pues la búsqueda de equidad y justicia social, la superación de la explotación laboral y social, pobreza y marginalidad, la corrupción, afecta poderosos intereses.
La política económica en Ecuador, país capitalista y de aguda dependencia, tiene grandes obstáculos y límites. El Gobierno ha realizado todo esfuerzo para un buen manejo y son evidentes las dificultades heredadas del neoliberalismo regentado por el FMI o capitalismo de rapiña, especulador y depredador, de resultados sociales desastrosos, que progresivamente se van superando.
La recuperación del Estado, petróleo y la planificación, el control de las finanzas públicas, la evasión tributaria y el manejo de la deuda externa y fuentes alternativas de financiamiento externo han sido exitosos; el apoyo y mejor trabajo de la banca pública (BEDE, Biess, CNF) se han reflejado positivamente en indicadores sociales.
El nuevo modelo en ejecución busca superar la extrema dependencia primario exportadora, sobre la base de la industrialización sustitutiva y la reforma educativa, que tiene como pilar la fortalecida infraestructura económica (vialidad, telecomunicaciones) y social (salud, educación y vivienda) lograda, así como la energética, en especial hidroeléctrica, que se ha incrementado.
En la agenda inmediata, una vez aprobada la Ley de Recursos Hídricos, está la Ley de Tierras, básicas para la transformación agraria; el fortalecimiento de la economía popular solidaria, el tratamiento coherente en lo financiero y bancario que se logrará con el nuevo código, cuyo reglamento deberá corregir ciertos sesgos y excesos respecto al manejo de la banca pública.
Las decisiones políticas y firmes, en el marco de un proyecto coherente de transformación, con respaldo popular, hacen posible el manejo de la economía con sentido social y productivo, sostenida también con una política internacional soberana, lo que altera las relaciones y estructuras de poder, en beneficio del pueblo.
En ese marco está más vigente y exigente mejorar la base política organizativa de AP, para incorporar a un millón de adherentes y tomar en cuenta a cinco millones de electores y al conjunto del pueblo, en forma amplia y democrática.
Requiere, por cierto, de una burocracia eficiente, sensible y comprometida con el proyecto RC.
