Vergonzoso el que los medios de comunicación tradicionales, privados, claro no todos, reivindiquen la necesidad de eliminar la Ley de Comunicación. Aquella que durante años boicotearon para que no se promulgue. La ley como está debe cambiar, pero cambiar para bien de las mayorías, no para bien de grupos que han reducido la información y la comunicación a un gran negocio, pero, sobre todo, que se convirtieron durante décadas en los definidores de lo que la ciudadanía tenía o no que saber. Lo que la ciudadanía tenía o no que conocer y, en consecuencia, lo que la ciudadanía podía o no opinar.
Y los hechos están ahí: se convirtieron en tribunales de justicia, decidían qué era o no opinión pública. Esta, como tal, se fue constituyendo a imagen y semejanza de sus ideales, creencias, tanto grupales, corporativas como de lo que tenía, según ellos, que ser o parecer Ecuador.
Tan así fue que la propia imagen sobre lo que era el Estado, la política, los políticos, estaba mediada por lo que aquellos medios de comunicación decían a favor o en contra, o lo que dejaban de decir. La opinión pública, en Ecuador, bien se podría decir que lo que menos ha sido históricamente es “pública”, porque no se ha correspondido con la construcción de lo público, del espacio público, sino que ha dependido de lo que los medios de comunicación querían decir o no, querían informar o no. Cuántas luchas sociales, líderes, lideresas han quedado sepultados en la historia oficial. O cuántos, de esos mismos héroes sociales, han sobrevivido solo por la resistencia de la memoria colectiva.
La opinión pública, técnicamente, ha sido una opinión publicada y a merced de sus efectos. Por eso las ansias de “bajarse la ley”. Bajarse a los medios comunitarios y públicos. ¿Es posible una sociedad de bienestar si la emisión, transmisión y consumo de información están privatizados? ¿Es posible con una importación de información basura que violenta lo que tanto defienden algunos, como “los valores”? Democratizar los medios de comunicación es la consigna más importante para fortalecer la democracia participativa, una democracia de todos, del común, no solo de las élites que se repiten incansablemente en el poder. (O)
