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El Telégrafo

La libertad de expresión no es de todos

09 de abril de 2011 - 00:00

La “libertad de expresión” es un eslogan que recorre el mundo, como pretexto de los medios de comunicación “independientes” (prensa escrita, radio y televisión) para  proteger intereses propios y de las grandes oligarquías que manejan el poder político y económico en la mayoría de las naciones. Ese privilegio se circunscribe a los derechos exclusivos de los propietarios de los medios.

El periodismo es una función de apostolado que se concreta en difundir la verdad de los acontecimientos, orientar con argumentos y educar en valores a los pueblos. Pero lamentablemente, en nuestro medio, esa tarea noble se ha desviado y puesto al servicio de la derecha política y de los sectores oligárquicos más reaccionarios del país. Se olvidan los medios privados que el derecho de informar incluye, fundamentalmente, el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, sin censura previa, pero con responsabilidad ulterior, según consta en la Constitución de la República.

Los medios de comunicación autodenominados independientes tienen el derecho de ubicarse en la  contienda entre el Sí y el No. Se toleran su práctica  del sensacionalismo, el silencio de las obras  importantes del régimen y la difusión de verdades a medias, pero jamás el uso de la mentira y la injuria que atentan contra el honor y la honra de las personas.

El periodista o columnista es un profesional como cualquier otro. El privilegio de expresar lo que le conviene no lo libra de someterse a las leyes cuando incurre en delito de cualquier índole. Recuerdo un pensamiento ilustrativo. “La ley es igual para todos y debe ser ciegamente respetada”.

Hoy, cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana decide ordenar el país, incluido los medios de comunicación, se grita que el periodismo es sagrado y que la libertad del expresión es un recurso del comunicador para difundir su verdad.

Movilizan a los organismos nacionales y foráneos, que agrupan a los dueños de los medios, y proclaman que las acciones penales emprendidas contra sus “críticas”, injurias o calumnias, es un grave revés para la libertad de expresión.

Ya es tiempo de comprender que es un grave error considerar al periodismo como un poder, cuando se trata de un servicio a la colectividad. Estamos en campaña por el Sí y el No. En nuestro régimen democrático, cada ecuatoriano es libre en la toma de decisiones.

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