Los ciudadanos ya no pueden salir tranquilos por las calles a sus lugares de trabajo, ni pasear, ni hacer sus actividades con libertad, la verdad es que, ni en casa se sienten seguros, pues la delincuencia acecha.
Son noticias de todos los días los asesinatos en Guayaquil; y, en Quito los asaltos a mano armada en locales comerciales y restaurantes se han acentuado.
Las autoridades expresan que no estamos en los índices de violencia que han llegado a otras ciudades de América y seguramente es así, no sería justo compararnos con el nivel de violencia de ciudades como San Salvador, en dónde las pandillas operan o peor aún a la anarquía de Sinaloa, sede del cártel comandado por Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Sin embargo, para la costumbre de los ecuatorianos, nunca antes el miedo ha llegado al nivel en que hoy la gente siente en diferentes ciudades y campos del país.
En Quito, a la seguridad se la convirtió en un servicio municipal, mediante Ordenanza, se estableció la Tasa de Seguridad Ciudadana, pero de acuerdo a encuestas publicadas recientemente, un gran porcentaje de ciudadanos no se sienten protegidos.
¿Tienen las prefecturas y los municipios responsabilidad frente a la inseguridad ciudadana?
Por principio una autoridad electa tiene la obligación moral de lograr el bienestar de los ciudadanos, más aún, un prefecto y un alcalde, ya que la norma que rige a los gobiernos autónomos descentralizados, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, les ordena, en sus artículos 50 y 54: coordinar con las entidades de seguridad ciudadana las acciones sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana.
Entonces, ningún prefecto o alcalde puede desentenderse y echar el problema de la inseguridad a otras autoridades, menos aún en Quito que cobran una Tasa a la ciudadanía para brindarles protección. Poco se conoce qué hace el Municipio capitalino con los recursos obtenidos por esa Tasa aplicada a quienes viven en la capital.
