En los últimos años en los Estados Unidos se han dado dos expresiones de la profunda crisis fiscal que se vive en ese país y cuyas consecuencias aun son impredecibles para el mundo. La primera fue la gran crisis inmobiliaria del 2008, cuando los precios de los bienes inmuebles y de los créditos que imponían los bancos para adquirirlos alcanzaron topes insostenibles y se produjo la quiebra de bancos y de los miles de deudores que se habían dedicado a las actividades especulativas con los bienes raíces. Esa vez el gobierno intervino a favor del sistema financiero, permitiendo la quiebra de los bancos inviables e inyectando miles de millones a los bancos poderosos. Bien poco se hizo por los cientos de miles que perdieron sus casas y entraron a engrosar las filas del desempleo que ha llegado a aproximarse al 10%.
La intervención del gobierno a favor del sistema financiero ha sido un simple paliativo como se ha comprobado en estos días, cuando por primera vez en la historia el gobierno norteamericano consideró la posibilidad de declararse incapaz de asumir el pago de su deuda pública y de sus compromisos financieros. Ante esta situación, demócratas y republicanos realizaron un tira y afloje de negociaciones tendientes a implementar otro remedio superficial: el aumento del techo de la deuda, cuando se sobrepasó el límite previamente establecido de 14,3 billones de dólares de deuda pública. El acuerdo logrado permitió aumentar el techo en $ 900.000 millones más, además de la reducción del gasto en $ 917.000 millones en los próximos diez años y un recorte adicional de $ 1,5 billones.
Sin embargo, el aumento del techo de la deuda no soluciona mucho porque continúa una política tributaria ampliamente beneficiosa para los multimillonarios consorcios de los Estados Unidos que, junto al desmesurado gasto militar y la desindustrialización, han sido los factores principales que han producido el abismo fiscal que ha amenazado al gobierno con la bancarrota.
En la negociación, los demócratas cedieron ante la presión republicana de no tocar el sistema de impuestos que permite que el sector más poderoso evada su responsabilidad social. Estas negociaciones, como la intervención que previamente había hecho Obama a favor del sistema financiero, aleja cada vez más a los demócratas de una agenda de responsabilidad social mientras el sector más radical de la derecha toma cada vez más fuerza en el poderoso sector del “tea party” que posiciona una agenda contra la regulación del estado, a favor del gasto militar y de los valores más reaccionarios del país.
