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Juan J. Paz y Miño C.

La disputa es sobre la economía

20 de noviembre de 2017 00:00

La Revolución Juliana (1925-1931) fue combatida por la oligarquía financiera, por inaugurar el rol económico del Estado (Banco Central y otras instituciones), crear la Caja de Pensiones, imponer la ley de impuestos internos (impuesto a la renta y sobre herencias) y por dictar las primeras leyes laborales (jornada máxima, contrato, sindicalización, huelga, indemnizaciones), consagradas en la Constitución de 1929, pionera en el derecho social.

Las élites económicas atacaron de ‘comunista’ al Código del Trabajo (1938) y enfilaron contra la ‘izquierdista’ Constitución de 1945.

En la década de 1960 el combate fue contra las reformas administrativa, tributaria y agraria, nacidas del modelo desarrollista, impulsado por la Alianza para el Progreso y algo del pensamiento de la Cepal. Ese desarrollismo se consolidó con la riqueza petrolera en la década de 1970, en medio del cuestionamiento empresarial al ‘modelo estatista’ que, paradójicamente, favoreció a la burguesía y consolidó el capitalismo.

La Constitución de 1979 fue combatida por ‘estatista’ y los gobiernos de J. Roldós (1979-1981) y, sobre todo el de O. Hurtado (1981-1984) fueron atacados de ‘comunistas’, al igual que el de R. Borja (1988-1992), de tibia socialdemocracia.

Pero las décadas de 1980 y 1990 afirmaron un modelo económico empresarial, bajo la hegemonía mundial de la globalización y el neoliberalismo. Prevalecieron el retiro del Estado, su desinstitucionalización, la inequidad, la debilidad impositiva y la flexibilidad laboral. Era el paraíso de la libre empresa.

La década 2007-2017 superó al modelo empresarial. Pero hoy, ha revivido la vieja visión de los intereses privados simplemente crematísticos. Esa mentalidad impide comprender propuestas como el Estado de bienestar latinoamericano que impulsa la Cepal.

Y la disputa económica de las élites empresariales vuelve a reproducir aspiraciones de los tiempos oligárquicos: no al Estado, no a los impuestos y no al trabajo protegido. Un ‘modelo’ que riñe con los principios económicos de la Constitución de 2008. (O)