El 25 de febrero, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio por parte del Reino Unido en 1965. Este caso ofrece algunas similitudes con el de las islas Malvinas.
Mauricio buscó y obtuvo un pedido de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que la Corte de La Haya examine si el proceso de descolonización había sido completado legalmente o no cuando el Reino Unido separó el archipiélago de Chagos del resto del territorio.
El gobierno británico fracasó primero en su intento de impedir que la Asamblea solicite la opinión.
Fracasó luego ante la Corte, donde planteó que los jueces no debían responder a las preguntas de la Asamblea General y que, si lo hacían, debían considerar que la descolonización de Mauricio fue lícita. La Corte rechazó ambas posturas.
La Argentina participó en el procedimiento y argumentó tanto la necesidad de responder al pedido de la Asamblea General como que la descolonización de Mauricio no fue completa por haber violado la potencia colonial la integridad territorial de Mauricio y el derecho de su pueblo a la libre determinación.
La Corte decidió por 13 contra 1 que el Reino Unido tiene la obligación de poner fin a su administración de Chagos para permitir la descolonización completa de Mauricio.
Lo importante es que los fundamentos desarrollados por la Corte son favorables a la posición argentina sobre la descolonización de Malvinas. Los jueces de La Haya consideran que es la Asamblea General de las Naciones Unidas quien decide las modalidades de descolonización de los territorios y no la potencia colonial y que es la Asamblea y su Comité de Descolonización quienes monitorean este proceso. (O) Tomado de El Clarín
