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Maria Paz Jervis

Justicia versus venganza

01 de marzo de 2021 00:00

Desde las primeras leyes que se conocen constan castigos contra quienes infringieron o trasgredieron esas disposiciones. El Código de Hammurabi contiene las primeras leyes y datan de la antigua Babilonia creadas por su rey Hammurabi alrededor de 1790 AC.

Al inicio las leyes derivaban de un poder divino, dinástico y los castigos repondían a la Ley del Talión un principio latino que plantea una justicia retributiva en que se impone un castigo igual al de crimen cometido, “ojo por ojo, diente por diente”.

Ante la evolución de los distintos tipos de Estado y por ende de la sociedad, fue modificándose también la perspectiva del castigo. A lo largo del siglo XIV se empezó a discutir que la cárcel servía más que para castigar, para aislar a quienes no saben comportarse.

Posteriormente en el siglo XVIII fruto de la ilustración y la separación de la divinidad como fuente de justicia, inició el desarrollo jurídico de la pena y la cárcel como espacio de castigo y de trabajo para beneficiarse del trabajo de los reclusos. La transformación económica de la sociedad industrial también incorporó el concepto de la disciplina en la producción y así las cárceles debían ser lugares donde se impongan rutinas de disciplina.

La conquista del Estado de Derecho destierra la sombra de la Ley del Talión y posteriormente el triunfo de los Derechos Humanos como conjunto de derechos fundamentales básicos que se reconocen a todas las personas por el solo hecho de ser personas, incorpora la obligación a los Estados de garantizar el cumplimiento de esos derechos aun cuando estén en cárceles.

Cuando se piensa en la privación de la libertad como medida de castigo a quienes han violentado alguna norma, debemos pensar también en la responsabilidad que tiene el Estado de rehabilitar a esas personas. Más allá de que pierdan el derecho a la libertad, tiene derecho a un trato digno.

Hay crímenes atroces, sobre todo los asociados a la vida y la integridad sexual que despiertan en nosotros tanto repudio que nos hacen, en ocasiones, dudar sobre el derecho que tienen sus infractores de reincorporase a la sociedad. Hay casos en que la justicia considera que no pueden salir nunca en libertad, pero para aquellos que volverán a la vida social, es indispensable que sean rehabilitados.

Lo que está en juego es mucho, es el derecho de quienes han cometido errores a un trato digno, es el derecho de quienes están recluidos sin sentencia a la justicia oportuna y derivan en nuestro derecho como sociedad a vivir en paz y seguros. Las cárceles en el Ecuador violentan todos esos derechos.

Lo que intento recordar con esta reflexión amables lectores, es que las cárceles deberían ser lugares de disciplina, trabajo y rehabilitación. Estar encerrados no es poco. Recordemos esas semanas de toque de queda al inicio de la pandemia cuando no podíamos salir de nuestras casas, a pesar de estar en la comodidad de nuestros hogares y en la compañía de nuestros seres queridos el encierro se tornó desesperante para muchos.

No gozar de libertad es muy duro y en muchos casos es una sanción justa. Pero los derechos a la dignidad personal, a la integridad y a la vida deberían siempre estar garantizados para todas las personas, inclusive quienes no gozan de libertad.

Las matanzas en los centros carcelarios del país muestran una sociedad que está rota y que contradice los valores democráticos de un Estado. Creo que en el Ecuador puede imperar la justicia en lugar de la venganza como sistema de convivencia. (O)

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