La justicia tiene una deuda con nuestra sociedad, pues siendo la función del Estado que tiene como tarea principal el orden a través de la aplicación de las leyes, sin embargo, por su ineficiencia ha canalizado redes de corrupción. El sistema judicial actual afecta a los grupos más vulnerables, por ejemplo a las mujeres: 170 mil juicios de alimentos se encuentran represados, los temas de violencia de género no se procesan con agilidad. De acuerdo a reportes de prensa, se informó que 111 mujeres fueron asesinadas durante el año anterior. Entre los años 2007 y 2010 se produjeron 4.066 caducidades, el 90% en Guayaquil. Durante los años 2008 y 2010 se implementaron 6.400 medidas sustitutivas, 250 por delitos sexuales (estupro y violación), 60% en delitos graves (homicidio, tráfico de drogas y enriquecimiento ilícito). Mediante la caducidad de la prisión preventiva y de las medidas cautelares, existen 10.466 delincuentes que se encuentran en libertad. Igualmente tenemos 1’200.000 causas judiciales represadas en la actualidad. Además, existen más de 2.000 presunciones de enriquecimiento ilícito que se han denunciado ante las cortes y tribunales de justicia, estando apenas el 5% en instrucción fiscal. En otro orden, cabe anotar que desde el año 2009 han ingresado 795 funcionarios a dedo a la Judicatura, mediante contratos provisionales. Asimismo, de los 700 jueces registrados a nivel nacional, 127 fueron designados sin participar en concursos de méritos. A propósito, en estos días se ventilan algunos juicios en contra de algunos miembros de la Policía Nacional y civiles que participaron en la intentona golpista del 30 de septiembre; curiosamente ya hay algunos absueltos de culpa por algunos medios de comunicación social que pretenden convencernos que en ese infausto día no pasó nada.
Entonces, pregunto a esos medios, quién responde por los muertos caídos por defender la democracia, acaso no deben ser juzgados los autores, cómplices y encubridores por los delitos de atentado contra la seguridad interior del Estado, incitación a rebelión de la fuerza pública y tentativa de asesinato al Presidente, tipificados respectivamente en los artículos 130, 146 y 224 del Código Penal.
Con un sistema maniatado por mafias que han hecho de la justicia un modo de enriquecimiento, tampoco se ha protegido un derecho fundamental como es la seguridad ciudadana. Por lo expuesto, la propuesta de cambio de este sistema deberá terminar con la impunidad y la ignominia que su actual estructura garantizan. Sin duda alguna, fue una ingenuidad del actual Gobierno, confiar en que los propios administradores de justicia podían hacer las reformas necesarias para que proclamemos como lo hacía el emperador romano Justiniano: “Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo”.
