Cuando en un país se vive un clima de paz y prosperidad es porque seguramente funciona un sistema de justicia transparente e imparcial, que solo puede darse si las autoridades respetan el equilibrio de poderes y si quienes ofician de jueces son personas profesionales y plenamente capacitadas que no defienden intereses particulares o de grupo, sean estos económicos o políticos.
Precisamente, en estas fechas se busca integrar el nuevo Consejo de la Judicatura, órgano de gobierno, administración y disciplinario de la Función Judicial, misión que debe ser exitosa.
Quien tiene el delicado deber de juzgar aprecia los casos concretos a la luz de la normativa jurídica y de un cúmulo de valores y principios del ordenamiento jurídico, tiene sobre sus hombros una responsabilidad enorme, la de dar o reconocer a cada quien lo que le corresponde. Pero esta lógica virtuosa se rompe cuando quien detenta el poder se cree predestinado para decidir según sus preferencias o torcidos intereses políticos.
Esta aberración la soportamos durante una década, un tirano prevalido de la autoridad conferida por el pueblo metió con saña la mano en la justicia y la torció, convirtiéndola en arma para someter y acallar a todo crítico de su gestión. Así, el aparato de justicia le sirvió para violar derechos, garantizar la impunidad y socavar la democracia. No faltaron los seres serviles y carentes de ética que celebraron y hasta defendieron tamaña desvergüenza.
Ahora intentamos alcanzar una situación diferente y mejor, pero no podemos fallar en el empeño, por esto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio –que goza de gran respaldo ciudadano-, debe elegir al nuevo Consejo de la Judicatura, evaluando para ello la formación, la experiencia e integridad de quienes constan en las distintas ternas puestas a su consideración, ya que el Estado de Derecho y la democracia se construyen con justicia competente, al servicio de la sociedad. (O) et
