El 24 de noviembre pasado, 4 policías injustamente condenados por el supuesto delito de intento de homicidio a Rafael Correa el 30 de septiembre de 2010 (30S), fueron liberados luego de que la Corte Nacional ratificara su inocencia dentro del recurso de revisión planteado por los ellos, enhorabuena. ¿Qué hizo cambiar de opinión a la Corte Nacional?
Según el acta de audiencia en la que se dictó la sentencia, a la que se puede acceder desde la página Web, consulta de causas del Consejo de la Judicatura, los policías presentaron un recurso de revisión en el 2020. Según la facultad legal de impugnar y como lo establecía el Código de Procedimiento Penal, éstos policías tenían la oportunidad de solicitar que se revise la sentencia que los condenó como culpables en el 2014, así que ejercieron su derecho, pero el proceso deja un mal sabor de boca.
Según el Código de Procedimiento Penal, el recurso de revisión tiene 6 causales, de las cuales las 5 primeras exigen que se aporten nuevas pruebas, pero la causal sexta queda excluida de ese requerimiento y aquí se materializan los cabos sueltos. Esto quiere decir que pese a tener una sentencia condenatoria en firme, en cualquier momento, cualquier persona, puede pedir que se vuelva a revisar la sentencia que lo condenó, aunque hayan pasado más de 10 años. Para los policías, este cabo suelto fue una bendición.
Esas eran las reglas del Código de Procedimiento Penal de la época, pero llama la atención como la Corte Nacional ha actuado en este caso contrastando sus decisiones cuando lo conoció por primera vez en el 2017 y ahora en el 2021.
En el 2017 la Corte Nacional no solo que ratificó la sentencia que los condenaba sino que además la reforzó. Mantuvo la condena, pero agregó fundamentación para justificarla. Mientras que en el 2021, sin que hayan otras pruebas que aportar, la misma Corte ha decidido cambiar de criterio respecto a 4 de los 6 procesados, declarándolos inocentes, poniendo la cereza del pastel al invocar el principio jurídico iura novit curiae, más conocido como “el juez conoce de derecho”, lo que quiere decir que los jueces de hoy modificaron la sentencia del 2014 con su propia fundamentación, sin tomar en cuenta lo dicho por la defensa (¿qué?). Dicho en otras palabras, a la Corte Nacional ni siquiera le sirvió la argumentación de la defensa de los procesados, sino que solo con leer el expediente y contrastarlo con los hechos y las leyes, se dieron cuenta de que los policías eran inocentes.
A estas alturas si lo he explicado bien, quienes leen esta columna dirán que la respuesta a mi cuestionamiento es obvia: se trata de un caso político. Bueno sí, es obvio. El problema radica en la naturalidad con la que lo dicen.
La Corte Nacional es el máximo órgano de administración de justicia del Ecuador, están ahí para juzgar con imparcialidad y liderar la aplicación de las leyes a nivel nacional, obedeciendo a nadie, excepto la norma. En el 2014 se dictó sentencia en contra de 4 inocentes, ¿eran políticos? No, los sentenció un político. Si la justicia es así, para qué queremos jueces. Más de 9 jueces conocieron el caso a lo largo del enjuiciamiento desde el 2014, y los 9 encontraron que los policías fueron culpables. Aparentemente no obedecían las leyes sino al que las dictaba.
Es que una cosa es que la justicia se equivoque porque todo apunta a un culpable y que, para suerte del sentenciado, aparezca una prueba de ADN o algo así 10 años más tarde, que le permita demostrar su inocencia -que ya está mal-, y otra cosa es que a los jueces de la Corte Nacional de hoy, no hayan necesitado ninguna prueba nueva, tanto así que ni siquiera tomaron en cuenta lo dicho por los abogados de los policías para notar que eran inocentes. Es que era obvio, según el acta de audiencia, ni siquiera se llegó a comprobar que uno de los policías estuvo en el lugar de los hechos. Para rematar, los 3 jueces encontraron 2 razones distintas para liberarlos, 2 de ellos dieron una fundamentación y el tercero dio otra, pero todos coincidieron en lo mismo, eran inocentes.
El estado de letargo en que vive la nación ecuatoriana es impresionante, se sobre entiende que los policías fueron condenados por presiones políticas en todos los niveles, y nada más llegamos a alegrarnos por la liberación de los injustamente condenados, sin decir nada respecto al golpe de la presión política en la justicia, casi como si hasta quisiéramos saber cuál será el siguiente caso para volverlo a comentar.
En Ecuador, cualquier persona con un día de mala suerte puede terminar sentenciado y pagar 11 años de prisión por un delito que no cometió, gracias a las presiones políticas que se permiten en los juzgados. Poco o nada puede hacer el ciudadano de a pie, excepto buscar otra presión política que equipare la balanza, sino hay padrino, no hay bautizo.
Vuelvo a los policías, a estas personas les queda preguntarse qué hubieran hecho en libertad durante estos 11 años, preguntarse cómo intentar recuperar el tiempo perdido. Jamás lo sabrán, esos 11 años no volverán nunca. Para colmo, por culpa de los 9 jueces irresponsables que sentenciaron a 4 inocentes, el Estado tendrá que encargarse de la reparación integral por la violación a sus derechos en razón del infierno que el Estado, a través de sus juzgadores, les ha obligado a vivir. Esos jueces no son jueces en realidad, son verdugos a sueldo.
¿Qué les queda a los policías? Seguir en juicios contra el Estado y contra los jueces que los sentenciaron alegremente, por error judicial inexcusable contenido en el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial. Para estos policías el calvario no se ha terminado, espero que el Estado no se tome otros 11 años para reparar el daño.
