José Carlos Tuárez se comparó con Jesucristo. En medio de alaridos destemplados se insinuó como el mesías de la nueva era. Sucedió en lo que parece ser un aula escolar, abarrotada de furiosos fanáticos de la Revolución Ciudadana, hace unos pocos días. Pero no es la primera vez. Rafael Correa también lo hizo, atribuyéndose un extravagante martirio propio de los populistas.
Tuárez comete este exceso para defenderse de las denuncias documentadas sobre el posible falso testimonio que presentara con su postulación para aspirar a un puesto en el Consejo de Participación. A esto se agrega la potencial lesión a una anciana a quien obligó al silencio tras devolverle misteriosamente un grupo de bienes. Todo esto está documentado. Hasta aquí hay algunas faltas que corresponde investigar a la justicia ordinaria.
Lo que es todavía más grave es que el Consejo que preside Tuárez incumpla con su función de investigar estos actos de corrupción que lo involucran directamente y que lo inhabilitan para el ejercicio del cargo que ocupa. La sola omisión de esta investigación, que es un hecho actual, no pasado, ya se configura como causal suficiente para el encausamiento político y destitución de Tuárez, así como de la mayoría afín, tal y como lo establece el artículo 131 de la Constitución Política. El texto constitucional es claro “la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley”. Si una función es un deber atribuido a un órgano público o a sus funcionarios, ¿cuáles son esas funciones? Nuevamente es clara la Constitución al establecer como un deber del Consejo de Participación el “investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción”, según el artículo 208.4. Poco duró el nuevo mesías de la Revolución Ciudadana, heredero de una secta de la nueva era. (O)
