Las instituciones de educación superior tienen que cumplir un rol social que es la búsqueda de las soluciones a los grandes problemas del mundo contemporáneo y, también, son las formadoras de los nuevos profesionales que ingresan en el mercado laboral contribuyendo a reducir la desigualdad social.
En este contexto, el Ecuador tiene un grave problema estructural. Según el Diagnóstico para el Plan de Desarrollo del Sistema de Educación Superior (2021), solo el 37% de los bachilleres pueden estudiar. Más grave aún, apenas uno de cada seis jóvenes entre 15 y 24 años de la población económicamente activa tiene un empleo pleno con un salario mínimo de USD 400.
Frente a este drama de jóvenes que no estudian ni trabajan ¨ninis¨, Guillermo Lasso propuso una reforma universitaria. La semana pasada, el presidente de la República presentó el anhelado proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior.
La reforma, que pensábamos iba a ser estructural, tiene nueve artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición derogatoria.
Entre ellas, seis normas modifican el Consejo de Educación Superior – CES que es el organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del Sistema y la relación entre sus actores con la Función Ejecutiva y la sociedad. Elimina algunas de sus competencias. Democratiza su integración sustituyendo la selección de sus miembros a través de cuestionados concursos de méritos y oposición por una elección en que participarían los actores del Sistema. Sin embargo, la propuesta es tan limitada que establece un CES transitorio que, en 12 meses, tendrá que presentar un nuevo proyecto de ley reformatoria.
A nombre de la autonomía, el Estado reconoce y garantiza la aplicación de modelos educativos propios y diversos. A la par, suprime la fiscalización de la administración de los recursos y los informes técnicos para la creación o derogación de instituciones de educación superior; y, el CES ya no verificaría el cumplimiento de la Constitución y la ley en los estatutos de las instituciones y, tampoco, controlaría las nuevas carreras y programas de postgrado.
Llama profundamente la atención que cuatro de los artículos de la minúscula reforma eliminan la gratuidad en los cursos de nivelación para los estudiantes que no ingresaron en el Sistema, los cursos propedéuticos para los estudiantes que ingresaron en el Sistema, las segundas carreras en tercer nivel técnico tecnológico y para los estudiantes que cambien por más de una vez de carrera. Mientras tanto, suprime la competencia de la SENESYT para desarrollar un estudio de costos por carrera/programa académico así como la competencia del CES para controlar la prohibición del lucro en las instituciones de educación superior y sancionar su incumplimiento. Por el contrario, el proyecto de ley no contribuirá a reducir la desigualdad social.
Finalmente, la SENESCYT ya no ejecutaría el sistema de admisión sino serían las propias instituciones de educación superior. El drama de jóvenes ¨ninis¨ no cambia con la estéril reforma. El proyecto de ley, por si solo, no amplia la oferta académica y, peor aún, ofrece alternativas como regular la educación on línea; reabrir los colegios normales encargados de la formación de profesores de nivel básico; o, fortalecer los institutos y el bachillerato técnicos tecnológicos encargados de formar mano de obra para su inmediata incorporación en el mercado laboral.
