Sara Salazar, jurista colombiana, refiere: “Los delincuentes no le temen a la cárcel, temen que les toquen el bolsillo”.

Los ecuatorianos vemos absortos cómo mientras la justicia sanciona la corrupción con penas irrisorias, los procesados mantienen su capital acumulado, en cuentas, caletas o testaferros. Mientras esto sucede, para este año la pobreza aumentó 25%, la pobreza extrema, 8,9%; y el desempleo crece cada día.

El dinero ilícito que ha quedado en manos de corruptos o delincuentes es lavado en empresas formales que quiebran a empresarios honestos. Así aniquilan la economía del país y la paz social al incrementarse delitos vinculados al crimen organizado, afectando nuestro futuro y la ocasión de construir una sociedad productiva con menos desigualdad.

Por estas razones, algunos países han aprobado leyes de extinción de dominio; esto es eliminar el derecho de propiedad de una persona sobre sus bienes o activos. Colombia la adoptó en 1996 para limitar el poder del narcotráfico; Perú la aprobó hace un año y Costa Rica ha iniciado el debate.

Sin embargo, España no la ha necesitado, mantienen tipos penales como malversación, cohecho, blanqueo de capitales y el comiso.

En la trama Gürtel, caso sin precedentes, la Audiencia Nacional impuso penas acumuladas a cada acusado que sumaron hasta 51 años y multas de 41 millones de euros; ordenó al Partido Popular (que ocupaba el Gobierno) la devolución de 250.000 euros y Mariano Rajoy fue el primer presidente en funciones llevado a testificar ante el Poder Judicial, para luego ser censurado por el Congreso de los Diputados.

Las experiencias citadas muestran que es posible recuperar lo robado, pero en Ecuador se requiere de la decisión política de la Asamblea Nacional para legislar por la extinción de dominio y de un sistema de justicia ágil, independiente y capaz.

En nuestra región, perjudicar al Estado es hacerlo contra los ciudadanos, la corrupción es un insulto a la pobreza. (O)