La Constitución de Montecristi tuvo aciertos en establecer mecanismos especializados, como los consejos nacionales para la igualdad con atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas vinculadas con temas de género, intergeneracional, de discapacidades, movilidad humana, pueblos y nacionalidades.
En el caso específico del Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), cuyo funcionamiento tiene recursos públicos, cuenta con el deber legal de proporcionar indicadores e instrumentos que evalúen avances. En esto tiene un rol la sociedad civil mediante una interlocución permanente y su participación en la convocatoria a consejos consultivos.
Pero más allá del marco jurídico, el país debe reencontrarse con las necesidades de las mujeres y personas LGBTI a partir de los aportes contemplados en su Agenda Nacional presentada por el CNIG en 2018, cuyo cumplimiento depende de la efectividad de la gestión de quienes encabecen la institucionalidad, donde sus fines constitucionales suponen una permanente coordinación con órganos especializados, así como con instituciones rectoras y ejecutoras en torno a los derechos.
Este acierto es necesario para saber que fue pertinente la transición del entonces Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu), a la nueva institucionalidad; y que se ha establecido una estructura en sintonía con los objetivos del país, de movimientos sociales y de diversos colectivos por la igualdad.
En los últimos días el debate con respecto a temas como la despenalización del aborto en casos de violación, acceso a la justicia, femicidios, violencia política, derechos económicos y democracia paritaria, son retos en la hoja de ruta inmediata de diferentes sectores orientados a su defensa.
No obstante, todavía existe la desconexión ciudadana, desde la sociedad en su conjunto, que persiste en mirar mayoritariamente a estos temas como asuntos exclusivos de las mujeres. En todos los casos tenemos que poner atención a los retos en el Estado de derechos y justicia a partir de la institucionalidad de género en Ecuador. (O)
