La inmunidad es la cualidad de quien es inmune. Inmune es quien está exento de ciertos cargos, gravámenes o penas. Los legisladores de cualquier lugar del mundo democrático están exentos de responsabilidades sobre sus declaraciones plenarias, en el ejercicio de sus funciones.
La defensa internacional del expresidente Rafael Correa se prepara para presentar una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir, en resumen, que la Asamblea Nacional del Ecuador decida sobre el enjuiciamiento penal al exmandatario. Hasta aquí se expresan dos equivocaciones rotundas.
Primero: un presidente en Ecuador no tiene inmunidad jurídica de ningún tipo. Los presidentes y otras autoridades tienen fuero de corte, pero eso es otra institución. En nuestra Constitución no existe la inmunidad presidencial, la única inmunidad que existe es la legislativa. Nuestro derecho también reconoce la inmunidad de jurisdicción por la que se someten los funcionarios diplomáticos, jefes de Estado, jefes de gobierno o secretarios de asuntos exteriores a sus jueces naturales.
Lo que sí existe es una disposición que obliga al legislativo a votar sobre el enjuiciamiento del presidente, pero esto no es una inmunidad, es una autorización. Sería inmunidad si prohibiera el encausamiento judicial al mandatario por una acción que surge como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones. Así está establecido en las constituciones de Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana o Uruguay. Una inmunidad es una exención de responsabilidad civil o penal en el ejercicio de determinado cargo político. Una autorización parlamentaria no es una inmunidad. La segunda equivocación es creer que la Asamblea Nacional está obligada a reconocer una inmunidad presidencial inexistente y una causa judicial que rebasa el ámbito de las atribuciones del exmandatario. El asunto está claro: Correa no es presidente ni tiene o tuvo inmunidad. (O)
