En la entrega anterior se abordaron indicadores sobre “Inclusión financiera” y el país. Los resultados no fueron alentadores. Surge interrogante: ¿Autoridades locales han tomado cartas sobre el asunto en cuestión para salir de esa (no envidiable) situación?
Veamos: Por el lado específico y concreto de la Superintendencia de Bancos –y gracias a la voluntad ciudadana que en el 2018 dispuso, por ejemplo, la evaluación de las autoridades de control, y consecuentemente una honrosa designación–; recién en este año se puede decir que hay gente técnica y honesta allí (competente, imparcial e independiente). Muy poco tiempo para felicitar o criticar la tarea hecha. Sin embargo, y como lo dije antes: están dando resultados positivos.
Por el lado general y amplio del país, a mi juicio, destaco dos pasos que se han dado, muy notorios y fundamentales: a) la actual Superintendenta de Bancos había subrayado, como avance nacional, el trabajo realizado hace más de 12 años: leyes que busquen transparentar la gestión pública; y, b) en julio de este año, el Banco Central logró unir esfuerzos de varios frentes (por citar, la Asociación de Bancos Privados) para que así, además de la importante cooperación técnica del Banco Mundial (BM), se pueda avanzar en “Inclusión financiera”.
Según comentó la Ec. Artola a diario El Comercio, la idea es realizar un diagnóstico previo (como insumo) que permita (sumándole data obtenida por el BM resultado de las experiencias que han tenido en otras naciones) implementar una estrategia que “(…) favorecerá el acceso y uso de servicios financieros para la ciudadanía”.
Ambos esfuerzos expuestos reflejan voluntad. ¿Suficientes? No. La salida creería está en que ambos esfuerzos se sumen, y que las universidades y la banca en general cooperen más: educación financiera gratuita a sectores (como el agrícola). ¿Y los fondos? Bueno, en general, siempre han tenido ganancias. (O)
