Atónitos, los ecuatorianos somos espectadores de cómo muchos de los responsables políticos de presuntas asociaciones ilícitas, peculados, sobreprecios, obras inconclusas, violaciones a menores de edad, se pasean por los platós de la televisión y las radios haciendo declaraciones para justificarse. Pero, a la vez, ellos continúan en cargos públicos y, en algunos casos, en funciones relacionadas con sus cargos anteriores.
El colmo de la audacia ha sido, sin duda, el aún vicepresidente Jorge Glas, quien luego de hacer su propia campaña de defensa por los medios, “está en goce de sus vacaciones” mientras permanece en prisión, negándose a renunciar a su cargo. Así, ha dejado al Gobierno en una situación incómoda; ha provocado a su vez la indignación ciudadana que quisiera ver un gesto de decencia, aunque sea al finalizar su gestión; y nos ha hecho, además, un flaco favor frente al mundo.
El exministro de Educación Augusto Espinosa no se queda atrás, invitado en varios programas televisivos, pudimos observar -la semana anterior- cómo configuraba una defensa insulsa, porque en su criterio no se trata de buscar responsables. Lo inaudito es que este mismo personaje continúa a cargo de la Comisión de Educación en la Asamblea Nacional. Un mayúsculo contrasentido, que no parece vaya a enmendarse.
Así, podemos seguir enumerando diversos casos. La cuestión de fondo es que durante este largo período ha muerto la responsabilidad política, y parece que nos acostumbramos a ello. Cuando saltaban escándalos durante la autodenominada ‘década ganada’, el implicado solía recibir, casi siempre, todo el respaldo del Jefe de Estado. De tal manera que la impunidad política fue la moneda del día. Esto parece que ha hecho mella y no sorprende que nadie asuma su responsabilidad política ante los errores, desaciertos, omisiones o delitos de quienes desempeñaban altas funciones públicas.
No juzga penalmente la ciudadanía, esperamos que los jueces a cargo de varios procesos hagan bien su trabajo esta vez. Pero esperamos también una dosis de justicia política, que parece desapareció del sentido ético en este país. Sin embargo, el simbólico juicio popular representado por la Comisión Nacional Anticorrupción responde a un clamor ciudadano para hacer justicia en el caso del vicepresidente Glas.
Los antiguos funcionarios, algunos de ellos, se han escudado en su inmunidad parlamentaria y continúan al frente de temas en los cuales no solo hubo inaceptables negligencias sino posiblemente delitos. La Asamblea, por su parte, no ha recuperado su capacidad fiscalizadora en el ámbito político; atada a una lealtad no solo a su líder, sino también por intereses propios, se niega a fiscalizar.
Maquiavelo jamás habría imaginado que su máxima de que el buen gobernante deba ser tan astuto como un zorro y tan fuerte como un león, habría sido interpretado aquí y ahora, como una patente de corso para seguir usufructuando de lo político, en medio de una impunidad política rampante. (O)
