La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 201, menciona que la finalidad del sistema de rehabilitación social es la recuperación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad ( PPL) y la garantía de sus derechos. Agrega que el sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir con sus responsabilidades, al recuperar su libertad.
En la práctica es letra muerta.
La crisis carcelaria tocó fondo, evidenciando que acontecimientos de esta índole reflejan la pérdida de la relativa estabilidad institucional del país, lo que significa intromisión de lo político y su debilitamiento en varias instituciones.
A todo vapor, autoridades trabajan en un plan de creación de nuevas leyes que involucre a secretarías de Estado, a la Asamblea Nacional, Corte Nacional de Justicia, Policía y Ejército para lograr control de las cárceles del país. De acuerdo con el cronograma, se aspira dar indulto a 2.000 reos.
La corrupción y el hacinamiento quebraron al sistema carcelario. No se actuó a tiempo y dejaron proseguir los ataques considerados como los mayores incidentes violentos en la historia de las cárceles de Ecuador. Las masacres eran bombas de tiempo, cuyas causas yacen en una política criminal mal encaminada desde hace muchos años y la administración carcelaria nunca ha sido puesta en la capacidad de ofrecer un manejo adecuado del aumento de la privación de libertad.
Desde la Defensoría Pública se argumenta que el hacinamiento carcelario tiene directa relación con el uso excesivo de la prisión preventiva, por parte de algunos jueces, a pesar de existir otras medidas cautelares, que podrían aplicarse. Los voceros de la entidad pública se alarman de que aproximadamente el 75% de los patrocinios de flagrancia y formulación de cargos derivaron en instrucción fiscal con prisión preventiva.
Evitar el abuso de la prisión preventiva y acelerar los procesos administrativos, para tramitar beneficios penitenciarios, son acciones necesarias que ayudarán a aliviar los graves problemas en el sistema carcelario, ha dicho el Defensor Público General.
Las masacres ocurridas en la Penitenciaría del Litoral, con macabros saldos, evidencian que la problemática de las cárceles urge de atención ampliada y demuestran que el incumplimiento de la función de rehabilitación del sistema de prisiones del país es de larga data. Con ingentes inversiones, se han realizado intervenciones en su infraestructura sin lograr relevancia significativa en la reinserción social de quienes cometieron delitos para evitar su reincidencia.
En pleno estado de excepción, más de mil policías y militares con tanquetas están en guardia para sofocar los amotinamientos que, al parecer, tienen una hoja de ruta, mientras continúan las requisas de armas y otros elementos no autorizados. Los hechos ponen en evidencia que al Estado no le fue sencillo recuperar la capacidad de control en las cárceles.
La población carcelaria ronda los 40.000 presos pese a que apenas hay espacio para 29.600. El amontonamiento oscila entre el 55 y el 60 %, razón por la cual es inminente encontrar nuevas soluciones para desatar el nudo gordiano, sin descuidar el remediar la interacción del crimen organizado de las calles con el del interior de las cárceles, en la lucha encarnizada por el poder en la que están implicadas al menos seis bandas ecuatorianas relacionadas con el narcotráfico.
Sin duda, lo que vive nuestro país es consecuencia de la corrupción política, al ser el útero de la delincuencia organizada que evidencia un pacto de impunidad. A pesar de ello, cuando todavía restan chispas de sensatez y razón, aún es posible frenar todos los tipos de violencia si cada una de las funciones del Estado y la sociedad civil, hacen lo suyo.
No hay que consumir sardinas para refrescar la memoria y poner en el tapete que la tensión dentro de los centros de detención en nuestro país, se cocina desde hace al menos tres años. En 2019, una serie de motines en apenas un mes y medio condujo al presidente de la época a declarar el estado de emergencia en el sistema penitenciario.
Las autoridades reconocían que había un abultado déficit de recursos e infraestructura que hacía imposible mantener el control y la seguridad dentro de los centros. Las celdas estaban sin candados de seguridad porque los presos tenían herramientas para robarlos, las cámaras de vigilancia habían sido en su mayoría inhabilitadas y existía una red cómplice de funcionarios que permitía el tráfico de armas y teléfonos móviles.
Después de decretar el estado de excepción en 2019, año tras año, las escenas de violencia se fueron repitiendo y la respuesta presidencial ha sido siempre la misma: estado de emergencia.
Si no se trabaja para lograr un giro de 360 grados en la política criminal, la situación de las cárceles se agudizará y las masacres de febrero y noviembre de este año, solo serán un reflejo de lo que nos espera… una bomba de tiempo.
