El gobierno del presidente Lenín Moreno se prepara para gozar de dos años más de sigiloso control asambleario. Mientras la teoría sobre los presidencialismos asegura que en condiciones de fragmentación multipartidista lo idóneo es la coalición, el morenismo consigue coaliciones a la sombra para bajar el perfil de los escándalos de corrupción que salpican al gobierno anterior del que este formó parte. Aunque lo idóneo sería que una alianza de partidos de oposición e independientes se coaligara para nombrar a un presidente, compartiera las vicepresidencias y las vocalías de minoría del Consejo de la Legislatura, así como presidentes de las comisiones, todo indica que el oficialismo seguirá mandando sigilosamente, tapando los escándalos de corrupción y filtrando solo lo que le convenga contar.
Por eso emerge con aceptable fuerza el nombre de César Litardo, un asambleísta correísta convertido al morenismo, de bajo perfil y mínima resistencia que, al parecer, ganó la disputa interna contra Daniel Mendoza que tendría menor apoyo de los exAP y de la oposición.
Esta vez, los jugadores con poder de veto son los correístas y los integracionistas. Son los bailarines que pueden desequilibrar la balanza del poder y por la vía del negociado colarse en las principales comisiones legislativas para mantener estancados los procesos de fiscalización en las más escandalosas denuncias de corrupción en materia de justicia, economía o educación, por ejemplo. Entre los exAP y la BIN podrían capitalizar entre 25 y 39 curules legislativas, lo que concentra 28% de la representación legislativa que en números es lo suficiente para atribuir el dominio a cualquiera. Mientras tanto, la oposición sigue fragmentada y debilitada. Más poder tienen los jugadores con poder de veto que los 20 de CREO o los 16 del PSC que juntos no le hacen ni calor al oficialismo. ¿Y los casos de fiscalización? En la gaveta del morenismo. Todos juegan al caos. (O)
