Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó, por unanimidad, una resolución en la que solicita que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a controlar la delincuencia, pese a que la Ministra del Interior sostiene que el índice de criminalidad ha bajado.
La Constitución, en el artículo 158, dispone que: “Las Fuerzas Armadas tienen como misión… la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público… -es- responsabilidad de la Policía Nacional”.
Este mandato está vigente, puesto que la Corte Constitucional dejó insubsistentes las enmiendas aprobadas en 2015, por las cuales, bajo el principio de complementariedad, las FF.AA. actuaban en tareas de orden interno.
Lucía Dammert y John Bailey, en su obra Militarización de la seguridad pública en América Latina, sostienen que la instrucción militar pone énfasis en la jerarquía, la disciplina y las estructuras de mando, dando importancia al uso de las armas, logística, transporte de tropas, así como estrategias para aniquilar al enemigo; mientras que la formación policial busca prevenir y controlar la delincuencia a través de estrategias de inteligencia, disuasión y control, sustentadas en el uso progresivo de la fuerza y con el equipamiento y armas para el efecto.
Hay que recordar que, en 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra Ecuador en el caso Zambrano Vélez y dispuso que los Estados deben observar con extremo cuidado si van a utilizar “las Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, … y criminalidad común… puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles”.
La participación de las FF.AA. en asuntos internos es viable a través de los estados de excepción, bajo las condiciones y limitaciones dispuestas por la Constitución.
Es legítimo velar por la seguridad ciudadana, enfrentar las causas de la criminalidad, fortalecer a la Policía y evitar medidas que podrían tener consecuencias en derechos humanos, por surgir de valoraciones eminentemente políticas. (O)
