Aunque la recuperación de los cuerpos de los 3 periodistas de El Comercio y de la pareja ecuatoriana secuestrados y asesinados por la organización criminal que lidera Walter Arizala podría haber proporcionado un cierre efectivo al triste episodio ocurrido en nuestra frontera norte, es claro que aún quedan muchos pendientes en este oscuro tema.
En primer lugar —por supuesto— es necesario lograr la captura del jefe de la cuadrilla asesina y de todos quienes hayan tenido alguna participación en la atrocidad. Pero las investigaciones correspondientes no deben agotarse allí.
Desgraciadamente, una de las fortalezas de las mafias organizadas del crimen transnacional es su capacidad de obtener libertad de acción, impunidad y apoyo logístico, legal y político por medio de siniestras alianzas subterráneas con elementos de las fuerzas de seguridad de los países en que operan, así como con autoridades civiles. Al menos, ello es lo que ha ocurrido en otros lares.
No es claro por qué Ecuador sería inmune a este contagio y estaría a salvo de lo que ha ocurrido incluso en países más fuertes que el nuestro. Las investigaciones y operativos realizados a ambos lados de la frontera común con Colombia arrojan preocupantes indicios y testimonios en el sentido antes anotado.
Debe hacerse votos porque tales indicios carezcan de fundamento y sería un gran alivio para nuestra sociedad comprobarlo. Sin embargo, es imprescindible investigar a fondo toda pista que conduzca a funcionarios civiles y/o uniformados comprometidos con el crimen organizado transnacional.
En el mejor de los casos, y de no hallarse ningún vínculo, esto permitiría disipar suspicacias y respirar con más tranquilidad a la ciudadanía, pero, en caso contrario, sería indispensable llegar al fondo del asunto y desbaratar toda la trama, que no limitaría las responsabilidades a una tropa de exinsurgentes arrinconados en la selva, sino que comprometería la institucionalidad misma del país. (O)
