¿Cuál es el motivo principal de una sanción en una sociedad? Buscar rectificación a través de un proceso que eduque y concientice al sancionado. En ese fin, la sanción, cuando es pecuniaria, se la acepta, de ser equitativa y moralmente sostenible. Para alcanzar ese nivel no debe ni destruir la economía del sancionado ni constituir la sanción un medio de lucro descarado y abusivo para beneficio de particulares.
Ambas condiciones negativas se estarían dando en Babahoyo, al amparo del manejo integral del sistema de fotorradares de tránsito. Aquello es en razón de cláusulas que perjudican “mañosamente” a las mayorías. Calificativo que casi todos (a excepción de los que impulsaron y están detrás del negocio) han dado al contrato que favorece al consorcio privado CISVB (Consorcio Integral para la Seguridad Vial Babahoyo) para su operación en la ciudad.
Lo lesivo del negocio habría nacido desde la alcaldía del actual ocupante de la Prefectura de Los Ríos, Jonny Terán. En su administración municipal se tejió todo esto para que luego lo terminen firmando oportunos títeres de ocasión. El consorcio CISVB recoge un patrón corruptivo que azota el país.
Los consorcios, personas jurídicas casi fantasmas, suelen nacer para alcanzar contrataciones cuestionadas en el ámbito público, escondiendo a beneficiarios. Todo oculto, todo mañosamente tejido, quitando responsabilidades a los reales beneficiarios del consorcio, sin importarles la afectación que dejen a una comunidad.
Para muestra basta leer la cláusula 21.12 del cuestionado contrato cuando “por razones de interés público” Babahoyo quiera prescindir del contrato con CISVB. Reza la “mañosería” que deberán pasar cinco años para considerar esta opción, pagarles costos monumentales y darles tiempo para seguir lucrando del negocio. ¿Soportarán los babahoyenses cinco años para buscar terminar con el abuso? Queda en ellos. (O)
