En 2016 las informaciones publicadas por WikiLeaks, una página de internet manejada por el periodista Julian Assange, fueron difundidas sin acudir a alguna autoridad judicial. Las filtraciones daban a conocer estremecedores secretos guardados por las fuerzas armadas norteamericanas sobre su papel en las guerras de Irak y Afganistán, así como las acciones de espionaje norteamericano a diferentes gobiernos del mundo, incluidos Israel y Alemania.
Periodistas y medios hacen parte activa de la vida política de los países. En pasados días el comentarista peruano Jaime Bayly dijo públicamente que fue consultado anticipadamente en Miami sobre el inminente atentado al presidente Nicolás Maduro, de Venezuela. Él estuvo de acuerdo con el atentado e incluso les dijo: ”Háganle, vamos para adelante”. Bayly asesoró, como periodista, a los complotados y no acudió a los jueces para notificar el atentado y no es que protegía la fuente, sino que actuaba abiertamente como un sujeto político.
Los reportajes de denuncias contra la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, muy bien documentados y realizados profesionalmente, se han multiplicado en muchos países especialmente a través de internet. En el caso ecuatoriano, algunos temas han debido necesariamente ser judicializados por su seriedad y trascendencia.
Las personas ya no confían en los aparatos judiciales en muchas partes del mundo, sino en los medios de comunicación, algunos de los cuales aceptan el papel de cuasifiscales, por sus propios intereses económicos, políticos o de imagen. Sin embargo se niegan a admitir que se hayan convertido en actores políticos de primer orden, aun cuando muchas veces quienes fungieron como periodistas devinieron en candidatos y hasta ganaron puestos en alcaldías, diputaciones y hasta presidencias de los países.
Hoy no hay confianza en los jueces ni en los fiscales, pero tampoco en la mayoría de partidos políticos, sobre los cuales la duda y la susceptibilidad son mayores. (O)
