El pasado 10 de marzo, en horas de la madrugada nuestros representantes del pueblo resolvieron una situación que hace de todo, menos representar al pueblo, al conceder la amnistía a 60 procesados por los delitos cometidos en octubre de 2019. Durante esos hechos, se quemó media ciudad, se causó terror y caos, todo bajo la consigna de que no se suban los precios de la gasolina, aprovechando al mismo tiempo un intento de desestabilización al gobierno del entonces presidente Lenin Moreno. Amnistiarlos fue un insulto grosero a la seguridad jurídica.
La amnistía constitucional es una facultad de la Asamblea Nacional, comprendida en el artículo 120 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual consiste en el olvido de la imputación de ciertos delitos cuando éstos se han perpetrado al ejercer el derecho a manifestarse, sea por fines políticos o en defensa de derechos humanos.
En gobiernos autoritarios, el ejercicio de este derecho es primordial cuando nuevos dirigentes o activistas políticos intentan ejercer la democracia representando a personas que tienen una opinión diferente a la del gobierno. Como es común en los gobiernos autoritarios, el que piensa diferente suele ser apresado por delitos que no cometió y que los jueces que los sentencian son los únicos que pueden ver las pruebas. Un total abuso. Por eso, cuando un líder político sufre tal abuso de poder, el legislativo, suponiéndose representante del pueblo, emite las amnistías necesarias para retomar la democracia.
Es decir, el recurso sirve como una herramienta política inmensamente valiosa para hacer respetar los derechos individuales de los dirigentes, y a través de ellos, a los derechos colectivos de la sociedad que representan. Así, quien haya sido procesado o sentenciado injustamente bajo el abuso de poder de un autoritario, tiene una salida digna para recuperar su libertad. Aquí posiblemente podemos enmarcar a Leopoldo López, quien fue preso político del actual gobierno de Venezuela.
Manifestarse por fines políticos implica reunirse en el parque de El Arbolito en la ciudad de Quito, movilizarse por la Av. 10 de agosto, subir por la calle Caldas o tomar alguna de las calles por las que se puede llegar a la Plaza Grande. Manifestarse es gritar a viva voz lo que el espíritu libre necesita para obtener una mejor calidad de vida.
Por otro lado, secuestrar a policías y militares, asaltar a negocios particulares de empresarios humildes, dañar propiedad privada, cerrar calles y quemar llantas, destruir y secuestrar autos de ciudadanos que intentan regresar a sus casas, coincidirán conmigo, no es manifestarse; y desde luego, ninguno de esos actos son precisamente actos mediante los cuales se conquistan objetivos políticos. Todos estos delitos fueron cometidos por órdenes expresas de gobernantes en funciones y dirigentes indígenas en la revuelta de octubre de 2019. Recuerdo escuchar esas órdenes en televisión cuando un dirigente parroquial decía que al indígena que encuentren trabajando, le quitarían sus cosas y lo sancionarían bajo las normas de justicia indígena.
Pedir que no suban el precio de la gasolina no es precisamente un objetivo político, tampoco es un derecho humano, aunque todas las personas tienen derecho a manifestarse por esa razón; sin embargo, a los dirigentes indígenas no les bastó con movilizarse, gritar y aplaudir. Para ellos la conquista se debía obtener causando el terror en la ciudad de Quito, y fueron los tontos útiles, por decir lo menos, de ex gobernantes que aprovecharon su revuelta para desaparecer documentos de contraloría con un incendio provocado.
Octubre de 2019 no fueron hechos políticos y bajo ningún concepto se puede entender que los responsables de esos delitos sean amnistiados, indicando que son delitos cometidos en favor de la política o de derechos humanos. Esos personajes no debieron obtener jamás esa amnistía, los procesos judiciales debieron seguirse hasta obtener las respectivas sentencias en donde se condena a prisión a los responsables materiales e intelectuales y al pago de indemnizaciones tanto al Estado, como a los privados dueños de negocios y automóviles que fueron saqueados o destruidos. ¡Ni hablar de los secuestros!
Guadalupe Llori sabía bien todo lo explicado en lineas precedentes. Llori, abogada de formación y con experiencia en política por más de 20 años, expresó “estos resultados van a reconciliar al país, hemos trabajado por la unidad que tanto esperaba nuestro Ecuador”, suenan más bien a una disculpa ante el pueblo, indicando que tremenda atrocidad jurídica y política se justifica con la conquista de que ahora la Asamblea Nacional puede dejar de lado las presiones entre bandos, y ponerse a trabajar de verdad.
