Uno de los supuestos éticos fundamentales que rige la conducta de los políticos ecuatorianos es el deber de promover e impulsar los intereses de su familia. Este principio tiene más fuerza en algunas ciudades y provincias que en otras, pero en todas partes tiene algún grado de obligatoriedad.
El citado principio se apoya en la primacía que los valores familiares tienen en la cosmovisión arraigada en nuestra comunidad. De hecho, es tan solo cosa de remitirse al continuo bombardeo de mensajes de alabanza y culto a la familia como “institución básica de la sociedad” y como espacio privilegiado de relaciones humanas fundamentales y positivas. Para darse cuenta del peso que tiene esta institución en la psiquis colectiva bastaría con hacer el experimento mental de imaginar lo que le ocurriría a alguien que pronuncie en público un discurso atacando a la institución familiar.
La contradicción surge cuando las personas deben actuar en el ámbito oficial. Súbitamente, y de manera abrupta, se les exige que se abstengan de todo acto de apoyo a su estirpe, y que-en la práctica- abjuren de todo lo que se les ha enseñado y exigido desde la cuna. “La familia es lo primero” se nos dice en el hogar, en la escuela, en los medios, en los diálogos cotidianos.
Pero, una vez en la función pública, ese principio debería ser dejado de lado por completo y lo que hasta entonces ha sido “sagrado”, se convierte en “maligno” y reprochable.
No es de extrañar que la enorme mayoría de los políticos activos, no quieran, ni puedan vivir de acuerdo a normas que les exigen borrar a la familia del ámbito de sus prioridades morales. Es más, las propias familias exigen y esperan que sus miembros, una vez instalados en la función pública, las sirvan desde allí con devoción, so pena de quedar perpetuamente estigmatizados por su “ingratitud” y su desamor. El cargo público es pasajero, pero la protección y ayuda de la familia es permanente y la deslealtad a ella puede provocar un ostracismo vitalicio. (O)
