Nada fácil ha sido este trayecto en un país lleno de prejuicios y con gran influencia de la jerarquía religiosa en el Estado. Pero nuestras luchas no han empezado con la despenalización ni terminan con la sentencia de este miércoles.
En 2006 el lobby antiderechos hizo de las suyas en el Tribunal Constitucional con la anticoncepción de emergencia, disponiendo ceder frente al desconocimiento.
Hoy las circunstancias han variado y aunque la justicia mantiene los ojos vendados frente a las denuncias de violación y cifras de embarazo adolescente; aún frente al lobby antiderechos que pone asambleístas, la Corte Constitucional ha fallado en favor de las víctimas de la violencia, a quienes el Estado obliga a parir al hijo de su violador condenándolas a vivir con profundas heridas, con ansiedad, depresión y rechazo. Pues una violación es un acto execrable que somete el cuerpo y la mente, garantiza propiedad al agresor que desecha nuestros cuerpos, a veces vivas y a veces muertas.
Y pese a que la Constitución de la República en su art. 45 garantiza el derecho a la vida desde la concepción, la más alta magistratura analizó la inconstitucionalidad del Art. 150 del COIP a la luz de los principios de universalidad e interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Así el ejercicio del derecho a la vida está directamente vinculado a la garantía del derecho a decidir (Art. 66), el derecho a la dignidad humana (Art. 11.7), a la integridad personal (Art. 66.3), a una vida libre de violencia (Art. 66.3.b); y, a una vida digna ( Art. 66.2). Y este fallo recoge las observaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2016), Comité de Derechos del Niño (2017) y Comité contra la Tortura (2016).
Luego de esta larga lucha del histórico movimiento de mujeres en el Ecuador y del que me siento orgullosa, podemos decir que el aborto por violación es ley, es justicia y es reparación. (O)
