Nadie, en su sano juicio, entregaría a un banquero el Ministerio de Economía. Hay un conflicto irreconciliable entre ambos. Nadie lo haría, o nadie debería hacerlo, porque hay circunstancias que no merecen el beneficio de la duda. Pero vivimos en un país que busca su cataclismo.
A mediados de noviembre, Enipla, el programa emblema del Ministerio de Salud para la Planificación Familiar y la Prevención del Embarazo Adolescente, fue adscrito a Presidencia. Ahí, donde preside nuestro Presidente, quien peca de traducir su conservadurismo moral en política pública. Y se le entregó a Mónica Hernández, asesora del Presidente. Y perteneciente al Opus Dei. Aplica una lógica parecida a la del banquero.
Pero el beneficio de la duda fue otorgado y su postura sobre el manejo de la educación sexual fue expuesta. No desentonó. En un informe enviado en abril de este año, y luego en una carta a los funcionarios del Ministerio de Salud, expuso su posición. Es el metalenguaje del conservadurismo cristiano enfocado en la sexualidad. Descontextualiza la sexualidad y la lleva a un plano moral. Es una posición personal respetable. Es una política pública peligrosa.
Se reduce la problemática del embarazo y se simplifica la complejidad de la sexualidad a través de ese conservadurismo que lo entiende como proyectos de vida tradicional. Es decir, se entiende la sexualidad en función de “las características de feminidad y masculinidad”, lo que mucho me suena a un sistema patriarcal y a siglo XIX.
Más que nada, se invisibiliza la no normalidad. Es decir, se invisibiliza todo aquello que no cae sobre lo ‘natural’, explicitado a lo largo de ambos documentos y que considera dentro de este parámetro solo aquello que encaja en las relaciones heterosexuales tradicionales. La idea del ‘género’ se la trata como ‘ideología de género’ (lo cual no existe), y se la acusa de no ser científica sino ideológica, lo cual es tautológico, porque se basa en un concepto (’ideología de género’) acuñado específicamente para atacar a los estudios de género. Y todo justificado desde la premisa que “el señor Presidente no está de acuerdo” que esto sea parte de una política de Estado, aunque sea parte de la Constitución. (Me estremece pensar que verdaderamente vivimos en un feudo y que las creencias personales del señor (Presidente) son las bases para la política pública). Pero esto no es, increíblemente, lo peor.
El mayor problema es que esta antesala augura un retroceso en los espacios ganados. Cuando el énfasis está en retrasar las relaciones sexuales, en la abstinencia como método anticonceptivo, entonces la educación sobre estos métodos se estigmatiza en un segundo plano. Y más allá de las desavenencias intelectuales, hay un efecto real: es la educación sexual plena la que proporciona más información sobre el VIH, es más eficaz en el uso de condones y para rechazar relaciones sexuales, genera menos parejas sexuales y tiene una mejor prevalencia de actividad sexual temprana. Lo dice la Unesco, en un estudio comparando esta con una educación sobre abstinencia.
Y en un país tan precario como el nuestro, una política así es más que un debate controversial: es un futuro peligroso.
