La opinión de la Corte IDH es muy importante, sobre todo si la sabemos tomar con ciertos recaudos. Digo importante a la luz de décadas de gobiernos en la región que, a veces con retóricas desafiantes, a veces con prácticas decididamente machistas y homofóbicas, no han sabido dar debido lugar a las minorías sexuales, ni han sabido desarrollar políticas de salud reproductivas decentes.
El fallo muestra un contenido inclusivo, afirma una mirada igualitaria más interesante que la habitual en nuestros tribunales, se compromete con derechos que afirma con pretensión de estabilidad. Lo hace con un buen respaldo en la jurisprudencia regional, diálogo permanente con el Tribunal Europeo de DD.HH., y con un reconocimiento del debido margen de discrecionalidad que merece dejarse a los Estados miembros, en estos asuntos.
Hablo de debidos recaudos dado que los derechos fundamentales de las personas no deben considerarse dependientes del reconocimiento de las autoridades políticas o judiciales de algún país o región. Los derechos fundamentales nos corresponden con independencia de las opiniones coyunturales de tal o cual autoridad. Solemos reaccionar frente a decisiones de este tipo, como si ellas implicaran la emergencia de derechos antes inexistentes.
Más todavía, diría que, así como los tribunales nacionales no deben ser considerados la última, ni la primera ni la exclusiva fuente de autoridad respecto de los derechos que nos debemos, o las políticas que corresponde seguir, mucho menos los tribunales internacionales deben ser considerados la fuente máxima o última de la interpretación de nuestros acuerdos básicos. Nuestros acuerdos básicos deben estar sujetos a una interpretación colectiva, que nos involucra cotidianamente a todos, y es importante insistir sobre ese punto, en lugar de tornar a nuestros derechos dependientes de lo que alguna autoridad eventual diga al respecto.
La opinión de los tribunales, y en particular de los tribunales internacionales, resulta crucial, en tanto participación en la conversación colectiva sobre nuestros pactos fundamentales. Pero esa crucial intervención no debe ser considerada la única, la última o la decisiva. En el diálogo permanente sobre el alcance y contenido de nuestros derechos, debemos seguir interviniendo todos, desde lugares diferentes y en pie de igualdad. (O)
