Los voceros y testaferros del capitalismo de rapiña o salvaje, que a través del FMI y sus políticas de ajuste destrozaron nuestras economías, concentraron más el ingreso y la riqueza en beneficio de pocos grupos poderosos, empobrecieron más a sectores medios y populares, expulsaron de sus tierras a millones de emigrantes y extremaron la dependencia global con las transnacionales depredadoras y el mundo industrializado, una y otra vez, han insistido en la necesidad de volver a las políticas económicas y sociales neoliberales. Es menester salirles al paso una y otra vez, para insistir en la necesidad de avanzar con los cambios realizados en estos años y enfrentarlos políticamente, con firmeza, desde este momento que estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral. Los rezagos de la partidocracia y de la banca corrupta no son los llamados a señalarnos el camino. La ruta que proponen es conocida, de terror: todo para las trincas y grupos de poder económico, y migajas para la mayoría de la población, en un marco de venta de la soberanía nacional.
En su concepción de la justicia social, buscan recuperar las viejas estructuras, que han sido removidas en varias de sus injustas bases, que subdesarrollaron al país, haciéndolo primario exportador de pocas materias primas, masivo importador de manufacturas y tecnología, de baja productividad y capacidad competitiva, dependiente del capital financiero especulativo, con un Estado ineficiente, organizado para la corrupción y la entrega, sometido al mercado, regulado por poderosas empresas, a pesar de su discurso hipócrita de ‘libre competencia’.
Lo anterior, en un ambiente social de marginación, discriminaciones y vulneración de derechos fundamentales, humanos, laborales, políticos, civiles y de todo tipo. En lo político, con un sistema antidemocrático para dominar a mansalva, sojuzgar e imponer sus intereses, a través de poderes absolutamente sometidos, repartidos por cuotas y en turnos; con una justicia a la carta y gobiernos represivos, dispuestos a consolidar el sistema corrupto, modelo económico obsoleto y antiproductivo y un esquema social antihumano y brutal, que inevitablemente arroja miseria, abandono, exclusiones en el ámbito de la salud, seguridad pública, ambiente y recreación. Las cartas están sobre la mesa; por un lado, el pueblo y sus organizaciones, que a lo largo de la historia han luchado por su liberación y progreso, que intensificaron su lucha participativa en estos 10 años, apoyando la Revolución Ciudadana, y que dispuestos están a defender las conquistas logradas y los cambios realizados; que exigen ajustes, para poder consolidarlos e iniciar otros, marginando a los sectores burocráticos indolentes y utilitarios; y, por el otro, la oligarquía, que nos quiere devolver al pasado, para lo cual cuenta con el apoyo del imperialismo, la CIA, transnacionales, sectores de la banca y grandes empresarios; medios de prensa, agentes infiltrados en las FF.AA. y Policía que condujeron al 30-S y a la protesta de los ‘pasivos’, conducidos por exaltos jefes militares y; por fin, con el consabido apoyo de traidores y anquilosados dirigentes políticos, sindicales y de indígenas, que, traicionando a sus bases, pactan con la partidocracia y gremios de grandes propietarios. ¡Qué vergüenza!
Buscan también a los contra de Venezuela, de Argentina, de todos los lados para afinar sus tácticas desestabilizadoras y campañas de desinformación. De esto sale una conclusión: organizarse de mejor forma, buscar la unidad para una acción política racional, permanentemente, fecunda, democrática, con los aliados y movimientos sociales, cuyos objetivos en lo fundamental son los de la RC. No hay tregua posible con la derecha. Es urgente la realización de la convención de AP, que debe ser escenario de debate democrático para aprobar la agenda que garantice la continuidad de la RC y ojalá el inicio de un proceso para convertir el Movimiento en Partido. Es una exigencia histórica de los tiempos. (O)
