Desde una perspectiva histórica, solo con el paso de los años ha podido observarse que con el ascenso de Hugo Chávez a la Presidencia de Venezuela el 2 de febrero de 1999 se inició un nuevo ciclo histórico-político en América Latina. Ese ciclo se ha caracterizado por la sucesión de una serie de gobiernos progresistas: en Argentina, Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-hoy); en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-hoy); en República Dominicana, Leonel Fernández (2004-2012); en Uruguay, Tabaré Vásquez (2005-2010) y José Mujica (2010-hoy); en Bolivia, Evo Morales (2006-hoy); en Nicaragua, Daniel Ortega (2007-hoy); en Ecuador, Rafael Correa (2007-hoy); y como sucesor de Chávez, el presidente Nicolás Maduro (2013-hoy) en la misma Venezuela; aunque también hay investigadores que añaden a Michelle Bachelet (2006-2010) en Chile, quien aunque no alteró el modelo neoliberal, afirmó una orientación muy democrática a su gobierno.
Los gobernantes progresistas cuestionaron el camino neoliberal de América Latina seguido durante las décadas finales del siglo XX, adoptaron modelos sociales de economía, consolidaron la participación electoral de los pueblos, orientaron al Estado con sentido popular y edificaron principios de soberanía, nacionalismo y latinoamericanismo. En Sudamérica, los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador son los más radicales y se han identificado con la nueva izquierda, el bolivarianismo y el “socialismo del siglo XXI”.
Los gobiernos bolivarianos han resultado insoportables para las clases políticas tradicionales, las derechas sociales, el empresariado oligárquico, el imperialismo y los medios privados de comunicación vinculados a estos sectores. Estas fuerzas internas y externas han intentado liquidar los proyectos políticos de los gobiernos bolivarianos a través de múltiples formas, sin descartar la conspiración y el golpismo, como ocurrió en Venezuela (2002) y Ecuador (2010).
En Venezuela reaparece ahora una escalada desestabilizadora y coordinadamente violenta, acompañada por una campaña mediática internacional de desinformación. En Ecuador, a su vez, aunque las condiciones económicas y políticas son distintas, las fuerzas opositoras aspiran a, al menos por el momento, captar, con el triunfo de sus candidatos, los gobiernos seccionales y locales en las elecciones del próximo 23 de febrero y entonces contar con mejores espacios para su futuro accionar político.
