La demora en la entrega de credenciales a autoridades en Los Ríos y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) luego de los comicios del 24 de marzo, debe analizarse integralmente ante el llamado de la Asamblea Nacional para que se den las explicaciones en la Comisión de Fiscalización y Control Político.
Es pertinente que acuda la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero igualmente tienen que escuchar las voces de todas y todos los consejeros y jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cuyas decisiones fueron claves, tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional.
En este proceso con más de 80.000 candidaturas se deberá analizar, además de las consecuencias de los “vacíos” del Código de la Democracia, a la integridad electoral, partiendo de la precisión en el calendario de los tiempos máximos para resolver recursos electorales y entregar credenciales. Pero, sobre todo, esto deja importantes enseñanzas.
La primera es la profesionalización. No existe en el país una formación continua que de manera integral enseñe a hacer elecciones. Lo segundo es la estabilidad del talento humano, pues servidores que han adquirido experiencia en todas las áreas corren el riesgo con cada administración de ser despedidos y que se pierda su experticia.
Como tercer elemento, apostar por una institución altamente técnica. Y, cuarto, el trabajo por la formación cívica que profundice en la confianza de los actores de la democracia en su propio sistema. Hemos observado que ciertos perdedores no aceptan la derrota. Un contexto desfavorable resultó la conformación de tres plenos en el año anterior a los comicios.
Actualmente, lo que nos debe unir, más que distanciar, son las experiencias para que en 2021 las certezas estén por encima de criterios políticos apegados a individualidades y no al bien común, que es insano para una institucionalidad electoral, cuyo éxito radica en consolidarse como un ente técnico y democrático, más que partidista. (O)
