El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial dispone a los gobiernos autónomos descentralizados implementar sistemas de protección integrales que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria.
Un Sistema de Protección Integral es un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades, servicios públicos, privados y comunitarios que definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones a fin de garantizar la protección ciudadana; parte de este sistema son los Consejos Cantonales de Protección de Derechos-CCPD.
El país cuenta con 221 CCPD, organismos autónomos presididos por la máxima autoridad municipal, que formulan, transversalizan, observan, monitorean y evalúan las políticas públicas de protección de derechos, facilitando las condiciones para que sus habitantes tengan una vida digna.
La garantía de derechos humanos impone a las nuevas autoridades locales potenciar dichos CCPD y desarrollar planes de acción para el fortalecimiento de los sistemas locales, sus capacidades y recursos, de modo que toda vulneración de derechos pueda ser prevenida, atendida y reparada.
No basta el reconocimiento y la genuina preocupación de las problemáticas sociales para ponerles fin, la posición privilegiada de las autoridades municipales, por la cercanía con sus habitantes, exige el desarrollo de planes de acción que logren descensos sustantivos en los niveles de prevalencia de las violaciones de derechos a nivel local.
He aquí el gran reto de las nuevas autoridades seccionales: construir, de modo decidido e impostergable, el andamiaje fundamental y las estructuras operativas necesarias que garanticen la efectiva promoción, protección y defensa de los derechos humanos, de la naturaleza y los animales. (O)
