Ojalá fuera cierto. Ojalá la sentencia impuesta por el Tribunal de Garantías Penales al coronel Rolando Tapia y otros implicados por su participación en el complot del 30 de Septiembre, se constituya en el inicio de una era de verdadera justicia en el Ecuador, que históricamente ha sido el reino de la impunidad, especialmente tratándose de los crímenes políticos que aquí forman una montaña más alta que el Chimborazo. Recordemos la masacre de Eloy Alfaro y sus tenientes el 28 de enero de 1912. Noventa y nueve años después, ¿quiénes pagaron por el horrendo crimen? Nadie, absolutamente ninguno de los grandes responsables de “ la hoguera bárbara”. Recordemos luego la masacre multitudinaria de los trabajadores y el pueblo de Guayaquil el 15 de noviembre de 1922. ¿Quién pagó por la espantosa matanza colectiva? Nadie, ninguno de los grandes autores intelectuales o directos sufrió la menor pena.
Triunfó de nuevo la impunidad. Recordemos también la masacre del 3 de junio de 1959, ordenada por el primer gobernante socialcristiano, Camilo Ponce Enríquez, contra las muchedumbres hambrientas del Puerto. ¿Pagó alguien por este acto de frío y planificado genocidio? Nadie, absolutamente nadie. Un nuevo galardón para la impunidad.
Recordemos igualmente el magnicidio del Presidente Jaime Roldós Aguilera, su esposa Martha Bucaram Ortiz, el Ministro de Defensa, Marco Aurelio Subía, su esposa, los pilotos y la azafata del avión de la muerte que estalló en el aire el 24 de mayo de 1981, y luego la sangrienta estela de cadáveres entre los testigos del crimen: Ricardo Mendoza y otros campesinos, más los accidentes nunca esclarecidos de otros dos aviones, con numerosas víctimas militares, entre ellos el Capitán Rodrigo Bueno y el Mayor Sergio Bayas, conocedores directos y actores de entretelones del pavoroso magnicidio. ¿Pagó alguien sus culpas tenebrosas? Nadie, nadie hasta hoy, 30 años después de la hecatombe ocurrida en las montañas de Célica. Nuevos lauros para la impunidad, nuevo triunfo de la justicia traficante de vidas y de honras. ¿Y qué pasó después del 30 de septiembre? Mientras el mundo entero condenaba el fallido golpe de Estado y el intento de asesinato del presidente Rafael Correa, jueces pusieron en libertad al militar aquel que ese nefasto día pasaba por casualidad por el sitio de los hechos de sangre, mientras iba a visitar a sus mamacita protegido por un chaleco antibalas. Jueces que también decretaron la libertad de aquel doctor que no era doctor, pero que sabía muy bien que una buena dosis de cianuro podía acabar con la vida del Presidente de los ecuatorianos, tan odiado por ciertos herederos del viejo país. ¡Otra vez la gloriosa impunidad! ¡Otra vez la justicia pisoteada en el fango!
De ahí que la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales viene a brillar como una señal de que comienza a vivir la justicia en medio de tantos muertos. Ojalá esta sentencia sea el anuncio del fin, del entierro definitivo de la impunidad.
