El 30-S marcó un antes y un después para la Policía ecuatoriana. Y a la vez reveló problemas estructurales, organizativos, éticos y hasta operativos que no se trataron a tiempo, desde hace algunos lustros. Por eso el pedido de perdón y disculpas realizado el viernes pasado por su comandante general, Patricio Franco, tiene ciertas connotaciones que deben asumirse para concretarlas en cambios urgentes, simbólicos y legales.
Primero: ese perdón pasa porque la Policía entregue toda la información sobre lo que llevó al 30-S y sobre lo que ocurrió ese día. No solo para engrosar los procesos judiciales, sino para entender con quién actúan los actuales mandos, a quién ordenan tareas delicadas sobre la seguridad y con qué recursos cuentan para afrontar sus nuevas demandas.
Segundo: la Policía debe discutir y alimentar con su experticia el nuevo Código de Seguridad para afrontar estructuralmente los problemas de inseguridad por fuera de esas visiones militaristas y hasta de disputa y competencia con las Fuerzas Armadas; la relación con la ciudadanía y no solo con los delincuentes y crimen organizado; cómo afronta la investigación delictiva en relación con el sistema de justicia, para el castigo y rehabilitación de los infractores; despreocuparse de tareas que no le corresponden directamente, como el tránsito, migración y turismo.
Tercero: la formación de los nuevos policías, para las nuevas generaciones de mandos y tropa, no puede ser la misma de hace cinco décadas y tampoco sustentada en la Doctrina de Seguridad Nacional porque, si bien hay que potenciar el combate a la delincuencia, en el Ecuador no hay “enemigos internos” y tampoco hay países amigos y enemigos con los cuales coordinar. Su formación debe ser humanista, claro, pero también más técnica, con base en las nuevas tecnologías y, ante todo, en las nuevas visiones de la inseguridad y la criminalidad.
Cuarto: esa nueva Policía debe saber que las políticas públicas de seguridad están a cargo de las instituciones del Estado y es el poder político el que las orienta y las conduce, para asumir también sus responsabilidades políticas globalmente.
Quinto: una evaluación periódica de su gestión hará de la Policía cada vez menos un cuerpo autónomo con visos de corporativismo y, con ello, menos proclive al rol de gremio. El patrimonio en el uso de la fuerza y de las armas es para dar servicio y no para usarlo a su favor cuando se sientan “amenazados” por políticas públicas o decisiones del poder político.
